El tráfico de vida silvestre amenaza la biodiversidad de Costa Rica, especies como serpientes y tortugas están entre las más afectadas. A pesar de leyes y convenios, la débil aplicación y factores como la corrupción permiten que este comercio ilegal prospere, poniendo en riesgo ecosistemas y fauna.
Serpientes, tortugas, aves, anfibios, erizos y emús, son de las especies más cotizadas en el tráfico de vida silvestre. En Costa Rica es un tema gana cada vez más relevancia por su impacto en la biodiversidad y la vida silvestre del país. A pesar de la rica biodiversidad que caracteriza al país, existen presiones que fomentan la extracción y comercialización ilegal de especies animales y vegetales.
En un foro realizado el pasado 30 de setiembre en el marco de la celebración del 40 aniversario de la fundación del Instituto Internacional de Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional (Icomvis-UNA), se discutió sobre el tráfico ilegal de vida silvestre con los especialistas: Shirley Ramírez, representante de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad; Alejandro Fernández, jefe de la Unidad de Investigación de la sección especializada en delitos medioambientales y de bienestar animal; e Isabel Hagnauer, veterinaria del Rescate Wildlife Rescue Center.
De acuerdo con Ramírez, aunque Costa Rica cuenta con un marco normativo sólido, que incluye la Ley de Biodiversidad y convenios internacionales como CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), la realidad es que gran parte de estas normativas quedan en el papel y no se implementan de manera efectiva. “Esto genera un ambiente propicio para que continúe el tráfico ilícito”.
El problema se agrava, según la experta, debido a varios factores: fronteras permeables, una creciente demanda de especies tanto a nivel nacional como internacional, corrupción dentro de algunas entidades gubernamentales, y la falta de priorización de esta problemática en la agenda pública. “Estos factores permiten que el tráfico de especies no solo prospere, sino que se estructure como parte de redes de crimen organizado”.
Cifras alarmantes
Según estimaciones internacionales, el comercio ilegal de vida silvestre genera ingresos de aproximadamente 23,000 millones de dólares anuales, posicionándose entre los negocios ilícitos más rentables del mundo, superando incluso el tráfico de armas ligeras.
En Costa Rica, se han reportado casos de decomiso de animales emblemáticos, como un jaguar encontrado en una vivienda en Goicoechea. Las actividades humanas, como el urbanismo y la expansión agrícola, cita la especialista, también juegan un papel fundamental en la pérdida de biodiversidad y el incremento del tráfico de vida silvestre. “Algunas especies, como los mapaches y ardillas, han comenzado a adaptarse a los entornos urbanos, lo que facilita su captura y posterior venta como mascotas. Del mismo modo, el conflicto entre la fauna silvestre y las actividades agropecuarias, especialmente en el caso de los grandes felinos, contribuye a que más animales ingresen al comercio ilegal”.
De acuerdo con Ramírez, el sector turismo también se ha convertido en un canal clave para el tráfico de fauna y flora. En los aeropuertos, especialmente en el Juan Santamaría, se han detectado casos casi diarios de productos y subproductos de vida silvestre que intentan ser sacados del país, ya sea como souvenirs o como animales vivos para su venta en el extranjero.
Limitaciones
El criminólogo Alejandro Fernández Martínez, especializado en delitos ambientales y bienestar animal desde 2011 en el OIJ, abordó en su presentación, que el tráfico de especies silvestres es una actividad criminal significativa en Costa Rica, y el cómo el crimen organizado se beneficia del tráfico de especies. Fernández señala que en Costa Rica se han decomisado serpientes vendidas por más de 500,000 colones y que la corrupción dentro de algunas instituciones facilita estos crímenes. Expuso como ejemplo el decomiso de mariposas, cuyo valor en el mercado negro puede llegar a 12 o 15 dólares por unidad, evidenciando un comercio lucrativo de fauna silvestre.
En cuanto al marco legal, Fernández criticó las leyes costarricenses, muchas de las cuales son obsoletas. “Esta falta de actualización y la baja penalización por delitos ambientales dificultan los esfuerzos de las autoridades para combatir el tráfico de vida silvestre”, sin embargo, destacó los avances que se están realizando, como la identificación de especies mediante ADN no humano, que estará disponible en 2025, y que permitirá a los investigadores forenses determinar la procedencia de muestras animales con mayor precisión.
Las redes sociales se convierten según Fernández, en aliadas para el comercio de especies, donde los vendedores utilizan términos clave para evitar ser detectados fácilmente. Este comercio en línea va en aumento, y debido a la falta de herramientas legislativas, el OIJ se encuentra limitado para intervenir en estos casos. A través de redes sociales, los traficantes pueden vender desde pequeñas especies, como escarabajos, hasta grandes reptiles, como anacondas”.
La extracción de especies, de acuerdo con el investigador, genera un gran perjuicio al ecosistema. “Por lo general en algún punto los dueños intentan deshacerse de los animales, sea porque crecieron o no pueden cuidarlos más y se liberan, lo que pone en peligro la cadena trófica.
El criminólogo enfatizó en la importancia de las denuncias por parte del público para facilitar la labor del OIJ, ya que sin estas, muchos de los casos de tráfico quedarían ocultos. Además, destacó la colaboración con centros de rescate certificados, aunque admitió que no todos los existentes en el país son confiables.
Isabel Hagnauer, es médica veterinaria y trabaja en el centro de rescate más grande de Centroamérica, el cual recibe alrededor de 3,000 animales, muchos provenientes de decomisos policiales o entregados por particulares.
Dicho centro, detalla Hagnauer, se encarga de la rehabilitación de especies silvestres traficadas y la recepción de especies no nativas como pitones y dragones barbudos. “En el 2024, hemos recibido 45 especies no nativas y 22 animales silvestres involucrados en el tráfico, como monos titís, pericos y lapas. La mayoría de estos animales son aves, que históricamente han sido las más afectadas, aunque los primates y reptiles también forman una parte significativa de los decomisos”. La especialista mencionó un caso de 15 capturados en Orotina mientras eran transportados en condiciones deplorables.
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Laura Ortiz Cubero
