Costa Rica enfrenta retos significativos en su sistema de seguridad social en un contexto de envejecimiento de la población, cambios en el mercado laboral y sostenibilidad financiera. A nivel mundial, los países han implementado diversas estrategias para ampliar la cobertura y garantizar la estabilidad de sus sistemas, pero en Costa Rica aún persisten grandes desafíos.
El pasado 5 de marzo, Fabio Durán Valverde, especialista en Protección Social de la Organización Internacional del Trabajo, impartió la charla Desafíos y expectativas de la seguridad social a nivel internacional, durante la inauguración del I ciclo lectivo de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA), en la Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales.
Para Durán, uno de los principales retos del país es la cobertura del sistema de pensiones. “Actualmente, en Costa Rica, el 60% de la población adulta mayor recibe una pensión, una cifra que, aunque significativa, deja fuera al 40% de esta población. En comparación, países como Canadá y Estados Unidos han logrado coberturas superiores al 80%, mientras que en algunas naciones europeas el acceso a una pensión contributiva alcanza casi el 100%”.
Además, de acuerdo con el especialista, una proporción considerable de trabajadores no cotiza activamente al sistema de pensiones. Esta situación es similar a la de otros países de América Latina, donde la informalidad laboral dificulta la sostenibilidad de los sistemas de protección social. Sin embargo, en países con mayores niveles de formalización del empleo, como Chile y Uruguay, la cobertura de pensiones es más amplia.
El analista señala que “vemos que la brecha de cobertura es el principal desafío”, lo que plantea la urgencia de adoptar medidas que garanticen el acceso a la protección social a una mayor parte de la población.
A nivel global, el gasto en protección social varía considerablemente. En Europa Occidental, muchos países destinan más del 20% del Producto Interno Bruto (PIB) a estos sistemas. En América Latina, la inversión es menor: los países gastan entre un 3% y un 25% del PIB en protección social. Costa Rica se encuentra en el grupo de naciones que invierte alrededor del 10% de su PIB en este ámbito.
De acuerdo con Durán, la relación entre lo que se invierte en protección social y cuánto se reduce la pobreza queda en evidencia al hacer el análisis comparativo. “En países con altos niveles de inversión, la pobreza en adultos mayores es significativamente menor. En cambio, en naciones con menor gasto, la cantidad de personas sin acceso a una pensión y en condiciones de vulnerabilidad es mayor”.
Pese a la discusión sobre el costo del sistema, el expositor destacó que “el gasto en protección social no solo es un derecho humano, sino una inversión en el desarrollo económico y social del país”.
Vejez a la vista
El envejecimiento de la población es otro factor determinante en la sostenibilidad del sistema. “No hay nada que pare este proceso”, indica Durán, y advierte que Costa Rica seguirá la misma tendencia de países como Japón y Alemania, donde el envejecimiento ha obligado a reformar los sistemas de pensiones para garantizar su sostenibilidad.
En este contexto, surge la pregunta sobre el rol del Estado en la garantía de la seguridad social. Mientras que en algunos países europeos el Estado tiene una participación central en el financiamiento y administración de los sistemas de protección social, en otras naciones se han explorado modelos mixtos con mayor participación del sector privado.
En Costa Rica, el debate sigue abierto. “¿Debe el Estado asumir esta responsabilidad o hasta dónde llega su papel?”, se cuestiona el especialista, mientras advierte sobre la necesidad de definir el camino que tomará el país para fortalecer su sistema de seguridad social.
Para Jorge Andrey Valenciano Salazar, director de la Escuela de Economía UNA, “esta fue una oportunidad para que los estudiantes puedan ahondar en un tema de muchas expectativas, tanto a escala nacional como internacional, donde entra el tema de los eventuales mecanismos que deberían adoptar quiénes deberían participar en el proceso”.
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UNA
