El gobierno de Donald Trump pondrá fin al parole humanitario que permitió la entrada legal a Estados Unidos de más de 500.000 migrantes procedentes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela durante la gestión de Joe Biden.
La medida entra en vigor el próximo 24 de abril, fecha en la que se cumplirán 30 días desde su publicación oficial prevista para el 25 de marzo, según se conoció este viernes en un documento del Departamento de Seguridad Nacional.
A las personas que gozan de este beneficio migratorio se les cancelará el permiso de trabajo y cualquier otra protección contra la deportación con la que cuenten.
En consecuencia, deberán salir del país o se enfrentan a ser detenidos por agentes de migración.
El programa del parole humanitario lo implementó el gobierno de Joe Biden para reducir las entradas irregulares por la frontera con México.
Se calcula que 532 mil personas se vieron beneficiadas por esta medida, que les concedía una permanencia legal en Estados Unidos durante un lapso de dos años.
“La necesidad de romper el ‘círculo vicioso’ de la inmigración ilegal sustenta esta decisión del Departamento de Seguridad Nacional de poner fin a los programas de parole humanitario en favor de nuevas directivas presidenciales que aborden la demanda de una mayor seguridad fronteriza”, señala el documento.
El informe del Departamento de Seguridad Nacional alega que el objetivo del parole humanitario era ayudar a minimizar la carga sobre las comunidades, los gobiernos estatales y locales y las ONG que apoyan la recepción y el viaje posterior de los migrantes que llegan a la frontera sur, pero que no se cumplió ese cometido.
“Las intervenciones políticas recientes han demostrado ser más eficaces que los programas del parole humanitario a la hora de abordar niveles muy elevados de inmigración irregular”, continúa el mismo documento.
Una medida con efecto limitado
El gobierno de Joe Biden buscó en su momento desalentar la llegada irregular de miles de migrantes por la frontera de México, con este mecanismo que no solo le garantizaba una estancia legal en Estados Unidos por un lapso de dos años, sino que les permitía aplicar de manera ordenada desde su país de origen.
A diferencia de los otros recursos, el parole humanitario exigía que los migrantes tuvieran un patrocinador en Estados Unidos que asumiera la responsabilidad financiera durante su instancia, para evitar que fuera una carga económica para el Estado. Al tiempo que les concedía un permiso de trabajo de forma inmediata para que se incorporara al campo laboral.
Aun cuando las cifras de migrantes cubanos, haitianos y venezolanos disminuyó con el anuncio de las medidas, el ingreso de personas de otras nacionalidades por la frontera se mantuvo. Ello generó críticas por parte del bando republicano, quien ha sido duro con las políticas de puertas abiertas de Biden.
