El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo público en su red social Truth el video cuando el ejército norteamericano destruyó un barco proveniente de Venezuela con aparente droga.
Además, el mandatario afirmó que, en el ataque, murieron 11 “narcotraficantes” venezolanos y agregó que la embarcación llevaba bastante droga.
Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, había dicho anteriormente que “Estados Unidos va a utilizar todo su poderío para enfrentar y erradicar estos cárteles de la droga, sin importar desde donde operen”, y agregó que “se acabaron los días de actuar con impunidad, de inutilizar un motor a tiros o incautar un par de cargamentos de droga de un barco”.
– Repetidas acusaciones –
Las acusaciones de narcotráfico contra el régimen venezolano remontan a años atrás, antes de la llegada de Trump al poder.
Aunque los informes anuales de la ONU no califican a Venezuela de país productor, su condición de plataforma de distribución del narcotráfico es resaltada por especialistas.
Las relaciones entre ambos países empeoraron drásticamente tras las elecciones presidenciales en Venezuela del año pasado, que llevaron a Maduro nuevamente al poder en medio de denuncias de fraude de la oposición y fuertes críticas, tanto en América Latina como en Washington y capitales europeas.
Venezuela expulsó a la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en 2005 por considerar que se inmiscuía en sus asuntos internos.
En 2020, Estados Unidos acusó formalmente a Maduro de “narcoterrorismo” y ofreció 15 millones de dólares por información que permitiera su captura, un monto que el gobierno de Joe Biden aumentó luego a 25 millones de dólares.
El gobierno Trump lo aumentó a 50 millones de dólares el mes pasado.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró tras esa medida de presión que su gobierno “no tenía pruebas” de que Maduro estuviera vinculado al cártel de Sinaloa, uno de los más poderosos del país.
Pero las acciones judiciales en Estados Unidos se han ido acumulando contra el régimen de Maduro y el propio presidente.
En diciembre de 2023, el gobierno de Biden liberó al empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro del mandatario venezolano, a cambio de 10 estadounidenses presos en Venezuela.
Saab estaba acusado por la fiscalía estadounidense de estar directamente implicado en el blanqueo de dinero.
En 2015, dos sobrinos de la primera dama venezolana, Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, fueron arrestados por la DEA en Haití, acusados de haber intentado transportar 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos.
