Reunión entre autoridades busca soluciones a la creciente violencia en el país
El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, enfatizó la necesidad de un enfoque integral para abordar la crisis de inseguridad en Costa Rica. Durante una reunión con jerarcas del Poder Judicial, el legislador afirmó que no existe una ley que por sí sola solucione todos los problemas en materia de seguridad.
«Como país, debemos enfocarnos en evitar que nuestros jóvenes caigan en las redes del crimen y narcotráfico. La clave está en fortalecer la educación y generar más oportunidades de empleo», declaró Arias.
El encuentro reunió a representantes de distintos poderes de la República con el objetivo de buscar soluciones concretas para hacer frente a la creciente ola de violencia que afecta a la nación.
Un diálogo sin culpas y con propuestas
En la reunión participaron figuras clave del ámbito judicial y legislativo, entre ellas:
- Patricia Solano, magistrada de la Corte Suprema
- Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)
- Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema
- Carlo Díaz, fiscal general
- Diputados y otros representantes del Poder Judicial
Arias destacó que el encuentro fue constructivo y no se enfocó en repartir culpas, sino en discutir soluciones concretas.
«Es un gran paso que nos reunamos para buscar respuestas al principal problema que enfrenta el país», afirmó el presidente del Congreso.
Prioridades en la lucha contra la inseguridad
Uno de los principales puntos abordados fue la necesidad de fortalecer el sistema judicial para garantizar un proceso más ágil y efectivo en la lucha contra el crimen. Los jerarcas también destacaron la importancia de asignar mayor presupuesto a la seguridad y reforzar la cooperación entre instituciones.
Además, se discutió la urgencia de implementar programas de prevención dirigidos a jóvenes en riesgo, con el fin de alejarlos de las redes del narcotráfico y la delincuencia organizada.
¿Qué sigue después de la reunión?
A partir de este diálogo, se espera que la Asamblea Legislativa analice posibles reformas y propuestas legales que contribuyan a mejorar la seguridad en el país. Sin embargo, los participantes coincidieron en que la solución no solo pasa por nuevas leyes, sino por una estrategia de país que combine educación, empleo y prevención del delito.
