Una serie de vallas publicitarias ubicadas en diferentes vías del país ha generado un intenso debate político en Costa Rica. Las vallas, colocadas en espacios pertenecientes a la empresa Publiex de Geovanni Vásquez, exigen la renuncia de figuras clave en el ámbito político y judicial, como Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa; Marta Acosta, contralora general de la República; Carlo Díaz, fiscal general; y Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
El acto ha desatado revuelo en el país, dividiendo a la opinión pública. Por un lado, quienes apoyan a los funcionarios mencionados han levantado sus voces exigiendo una investigación del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre quién financió la colocación de las vallas. En redes sociales, muchos se han mostrado indignados, solicitando transparencia sobre el origen de los fondos detrás de esta acción.
Por otro lado, los adversarios de los mencionados funcionarios han manifestado su apoyo a las vallas, defendiendo el mensaje directo y provocador que las mismas transmiten. Para ellos, las vallas son una forma válida de hacer presión sobre lo que consideran un desempeño cuestionable de estos altos cargos.
La polémica continúa creciendo, mientras diversos sectores se preparan para un posible pronunciamiento del TSE, que podría arrojar más luz sobre el origen y la legalidad de este acto de protesta visual.
