Los vapeadores o cigarrillos electrónicos son productos que rápidamente se hicieron populares en México desde su llegada al país en 2006 y que cuentan con cerca de 1,7 millones de usuarios, una cifra que aumenta cada año. Su mercado tiene un valor aproximado de 5 mil millones de pesos anuales, de acuerdo con la organización Pro-Vapeo.
En 2020, el gobierno mexicano quiso prohibirlos con una ley federal, argumentando sus efectos dañinos en la salud, pero un año después la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional esas reformas por violar la libertad de comercio y el desarrollo de la libre personalidad de la ciudadanía, otorgando un amparo a las empresas tabacaleras para vender sus dispositivos a cambio de más compromisos.
Mercado negro
Aquella decisión sembró la semilla de un mercado negro, pues las empresas legales debieron incrementar el costo de sus productos para cumplir con estrictos requisitos como ingredientes de alta calidad, supervisiones sanitarias, una subida en los impuestos y más campañas de difusión para prohibir la venta a menores de edad.
El crimen organizado aprovechó esos nuevos costos y la alta demanda para ofrecer productos de bajo costo con ingredientes de mala calidad, que no están certificados, no tienen gravamen y se venden a todo el público, especialmente a niños y adolescentes, para quienes ha creado sabores especiales, como frutales, algodón de azúcar o goma de mascar.
En la tercera semana de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su partido político MORENA, de centroizquierda, usará la mayoría legislativa que ganó en las elecciones de junio pasado para aprobar un veto constitucional que acabe en definitiva con la venta de vapeadores antes de que acabe el año. Así, cumpliría con la voluntad de su antecesor y mentor político, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien inició esta política prohibicionista.
Crimen organizado
“Esa decisión acabaría con cualquier esperanza de regulación, como ya se hace exitosamente en México con el tabaco o con el alcohol, que está fuertemente supervisado y cuya venta es exclusiva para mayores de edad. Esto no va a acabar con los vapeadores, solo acabará con los legales y cederá todo el mercado a los de contrabando”, aseguró la doctora Angélica Ospina, experta en reducción de daños.
En diciembre de 2023, México vio en redes sociales la evidencia de que los carteles están detrás del negocio de vapeadores: dos adolescentes fueron torturados en la calle por hombres armados que los obligaron a caminar desnudos con un letrero en el que se leía “Esto me pasa por vender vapeadores sin permiso”.
El video se volvió viral después de ser grabado por varias personas en la ciudad de Guasave, Sinaloa, un bastión del grupo criminal Los Chapitos, formado por los hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, quienes otorgan el “permiso” de venta a cambio de una comisión.
Siete meses más tarde, en julio de este año, un alto mando del Ejército mexicano en Culiacán —otra zona de influencia del Cartel de Sinaloa— reveló que se han descubierto laboratorios clandestinos donde se produce aceite de cannabidiol, con el que se rellenan vapeadores del crimen organizado.
De China a México
En la Ciudad de México, el control de los vapeadores está en manos del cártel local, La Unión Tepito, un grupo que tiene su propia división de proveedores llamados “Los Marcopolo”, que viajan tres o cuatro veces al año a China para comprar toneladas de vapeadores y llevarlos a México de forma ilegal vía marítima.
Una vez que los vapeadores arriban a Centroamérica, el cartel entrega sobornos desde Panamá hasta México para llevarlos hasta sus bodegas en Ciudad de México y luego repartirlos por todo el país. En los últimos años, autoridades locales han hallado que esos vapeadores contienen metanfetaminas e, incluso, fentanilo.
Algunos de esos vapeadores llegan a destinos turísticos, por ejemplo, Puerto Vallarta, donde los negocios legales son obligados a venderlos y entregar una porción de los ingresos al cartel local, el sanguinario Cartel Jalisco Nueva Generación.
Con esas ganancias, los grupos criminales pueden financiar armas, municiones, equipo táctico y otros recursos que han contribuido a que México tenga, desde hace 10 años, un promedio de 30 mil 100 homicidios cada año.
“Si se regulan los vapeadores, habrá menos riesgo de un mercado negro, como ya pasa con el alcohol. Pero si se prohíben, será como dar un regalo millonario al crimen”, afirmó la organización civil Poder Ciudadano.
