La diputada oficialista Pilar Cisneros no se guardó nada al referirse a la cobertura mediática y a las reacciones de figuras políticas tras la marcha convocada por el presidente Rodrigo Chaves, la cual exigía la renuncia del fiscal general, Carlo Díaz.
Durante su intervención en el plenario legislativo, Cisneros reprochó con vehemencia la manera en que algunos medios y sectores políticos minimizaron la participación ciudadana en la manifestación del pasado lunes, la cual, según datos oficiales, reunió a más de 20 mil personas en San José.
“¡Póngase los anteojos, Ignacio!”, exclamó Cisneros, en aparente alusión al periodista Ignacio Santos, director de Telenoticias, sin mencionar su nombre directamente, al criticar los enfoques informativos que calificaron la protesta como “pequeña” o “irrelevante”.
La congresista aseguró que la marcha fue legítima, pacífica y significativa, y acusó a ciertos medios de comunicación y líderes opositores de intentar desacreditar el clamor popular que, a su juicio, busca una justicia más transparente e independiente.
“No se puede invisibilizar a miles de costarricenses que marcharon con convicción, cansados de la impunidad y de un fiscal que, según ellos, no está cumpliendo su función”, manifestó con firmeza.
Mensaje directo a Carlo Díaz
Además de los medios, Cisneros dirigió parte de su discurso al fiscal general. Aseguró que “no es un ataque personal”, pero insistió en que la ciudadanía está perdiendo la confianza en el Ministerio Público, especialmente por decisiones recientes que han generado controversia, como las investigaciones en torno a figuras cercanas al Ejecutivo.
Según la diputada, la manifestación fue una expresión legítima del pueblo costarricense, que espera cambios profundos en la institucionalidad del país.
“La independencia de poderes no debe ser una excusa para la inacción”, agregó.
Un ambiente político tenso
Las declaraciones de Cisneros se dan en medio de un ambiente de creciente tensión entre los poderes del Estado. Mientras el Ejecutivo insiste en una reforma estructural del sistema judicial, sectores de oposición y organismos internacionales han advertido sobre los riesgos de interferencia política en la autonomía del Poder Judicial.
Por ahora, la controversia en torno a la figura del fiscal Carlo Díaz sigue abierta, al igual que el debate sobre los límites entre la independencia institucional y la exigencia ciudadana por mayor eficacia en la lucha contra el crimen y la corrupción.
