Debate entre sectores sobre los cambios propuestos
La reforma al reglamento de calidad del agua presentada por el Poder Ejecutivo ha encendido un intenso debate entre empresarios agrícolas y organizaciones ambientalistas. Mientras unos aplauden los ajustes como un avance técnico necesario, otros alertan sobre posibles riesgos para la salud pública y el medio ambiente.
El Ministerio de Salud defendió la propuesta, afirmando que no pretende «legalizar la presencia de plaguicidas» en el agua potable, sino «fortalecer el marco de acción» regulatorio. Sin embargo, los críticos destacan que ciertos cambios podrían debilitar la protección de los recursos hídricos.
Un cambio clave: de «valor máximo admisible» a «valor de alerta»
Uno de los puntos más controvertidos es la sustitución del término “valor máximo admisible” por “valor de alerta”. Según grupos como el Bloque Verde y la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON), esta modificación podría permitir a entidades como el AyA y las Asadas distribuir agua con residuos de plaguicidas mientras no superen ciertos niveles de alerta.
Yamileth Astorga, expresidenta del AyA, advirtió que este cambio expone a la población a riesgos significativos, ya que el consumo continuado de agua con trazas de sustancias químicas podría aumentar la incidencia de enfermedades graves como el cáncer.
Posición del sector agrícola: respaldo técnico y científico
En contraste, la Alianza para la Sostenibilidad Agrícola (ASA) defiende la reforma, argumentando que incorpora análisis de riesgo basados en evidencia técnica y científica. Jorge Cartín, director de ASA, señaló que el enfoque permitirá determinar con precisión si la presencia de pesticidas en el agua constituye un riesgo real para la salud.
“Es fundamental contar con herramientas que respalden la toma de decisiones y aseguren un balance entre la salud pública y la productividad agrícola”, comentó Cartín.
Revisión integral: una propuesta del Colegio de Químicos
El Colegio de Químicos de Costa Rica ha instado a conformar un comité técnico para realizar una evaluación integral de la reforma. Según la organización, es necesario analizar todos los aspectos relacionados con el uso de plaguicidas, desde su importación y regulación hasta su disposición final, para garantizar que la normativa contemple todos los posibles impactos.
“Se requiere un análisis sistemático y riguroso para asegurar que las modificaciones no comprometan la seguridad del recurso hídrico”, declararon en un comunicado oficial.
Futuro incierto y consultas pendientes
El Ministerio de Salud, liderado por la ministra Mary Munive, aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las críticas. Sin embargo, las partes interesadas, incluyendo sectores productivos, académicos y ambientalistas, coinciden en la necesidad de que cualquier cambio sea ampliamente discutido antes de su implementación definitiva.
