Pekín defiende su ley tras impedir salir del país a funcionaria del Gobierno de EE. UU.

La Cancillería china afirmó este lunes (21.07.2025) que “todos deben respetar las leyes chinas mientras estén en China”, en respuesta a informaciones sobre un ciudadano estadounidense, empleado del Gobierno de Estados Unidos, al que se le ha prohibido salir del país desde abril por supuestas razones de seguridad nacional.

Según la agencia Reuters, se trataría de una directora ejecutiva del banco estadounidense Wells Fargo. Este incidente ha llevado a Wells Fargo a suspender todos los viajes corporativos a China, lo que ha generado preocupación entre las multinacionales sobre los riesgos de operar en el país. La situación se produce en un contexto de relaciones ya tensas entre Estados Unidos y China.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Guo Jiakun aseguró hoy que “China es un país gobernado por el Estado de derecho y gestiona los asuntos relacionados con entrada y salida de acuerdo con la ley”, y declinó ofrecer información específica sobre el caso.

Preguntado por los medios, Guo reiteró que, “independientemente de si se trata de un ciudadano chino o extranjero, todos deben respetar las leyes chinas mientras estén en China”.

El diario hongkonés South China Morning Post informó que la persona afectada es funcionaria del Departamento de Comercio de EE. UU., de origen chino y exmilitar, que viajó en abril a la ciudad de Chengdu por motivos personales. A su llegada, fue informada de que no podía abandonar el país.

Las fuentes citadas por ese medio apuntan a que el caso estaría vinculado a un delito penal, una supuesta omisión en su solicitud de visado, al no declarar su condición de funcionaria estadounidense.

Aunque no se le han presentado cargos conocidos, la funcionaria habría sido trasladado posteriormente a Pekín acompañada por un funcionario consular estadounidense. Su paradero actual no ha sido confirmado.

El mismo medio señala que las llamadas “prohibiciones de salida” se aplican en China a ciudadanos extranjeros o locales involucrados en litigios civiles, investigaciones penales o considerados una amenaza para la seguridad nacional, y que han sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y gobiernos occidentales.

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