El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, estaba citado a declarar en calidad de testigo este martes en la investigación a su esposa, Begoña Gómez, por presunta corrupción en los negocios y tráfico de influencias, en un caso que desgasta políticamente al mandatario socialista. Antes, Sánchez presidió la última reunión del Consejo de Ministros antes del receso vacacional.
La audiencia finalizó tras “casi 20 minutos”, según explicó a los periodistas, Marta Castro, abogada del partido Vox, que ejerce como acusación particular. El juez Juan Carlos Peinado había mantenido esa declaración a las 11:00 horas en el Palacio de la Moncloa tras rechazar la petición de Sánchez de que, atendiendo a lo que determina la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pudiera hacerlo por escrito.
Desde el Gobierno no se había avanzado si la intención del jefe del Ejecutivo era acogerse a la posibilidad de no declarar, algo que finalmente ha hecho. Al igual que hizo su mujer, Begoña Gómez, especialista en captar fondos para fundaciones y oenegés, cuando acudió al tribunal el 19 de julio.
Sánchez ha mantenido la inocencia de su esposa y ha enmarcado el asunto dentro de una campaña de la derecha y la extrema derecha para erosionar a su Gobierno, por la que se planteó incluso dejar el cargo. Pero el caso ha emponzoñado la política española en las últimas semanas, con el PP, la principal formación opositora, pidiendo insistentemente la dimisión del mandatario socialista. El caso escaló internacionalmente tras unas declaraciones al respecto del presidente argentino, Javier Milei.
Un pequeño grupo de manifestantes se congregó frente al palacio de La Moncloa gritando consignas contra Sánchez y el partido socialista PSOE. Esta es la segunda ocasión en que un jefe del Ejecutivo español en activo comparece ante un magistrado, luego de que lo hiciera en 2017 el conservador Mariano Rajoy, en un juicio por la financiación irregular del PP.
