La falta de información fiable sobre su hijo Óscar – uno de los 238 venezolanos deportados de EE.UU. a la prisión de máxima seguridad en El Salvador- está llevando a Gertrudis Pineda al borde de la desesperación.
Cada vez que habla de él no puede parar de llorar.
“Mi hijo fue a buscar el ‘sueño americano’ y ahora está atrapado en una pesadilla”, reclama.
Óscar vivía en Dallas, Texas. Su madre cuenta que se ganaba la vida instalando alfombras en casas y apartamentos: “Me enviaba dinero para la familia y para comprar las medicinas para su padre, que tiene diabetes”.
Ahora, Gertrudis está a 1.800 kilómetros de su hijo, en el ardiente estado de Zulia, en el oeste de Venezuela.
Madre e hijo están separados por seis fronteras y por los muros impenetrables del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, una prisión de máxima seguridad construida para recluir a miembros de las pandillas MS-13 y Barrio 18.
El gobierno de EE.UU. acusa a los venezolanos detenidos en el Cecot de pertenecer al Tren de Aragua, una organización criminal que tiene su origen en Venezuela.
A la mayoría de ellos, el gobierno de Donald Trump los expulsó de EE.UU. bajo el amparo de una norma de 1798 conocida como la ley del enemigo extranjero. Y lo hizo sin el debido proceso, lo que puso en conflicto al Departamento de Justicia de EE.UU. con un juez federal que ordenó el regreso de los aviones que llevaban a los venezolanos deportados a El Salvador.
Gertrudis sabía que su hijo había sido retenido por agentes del cuerpo de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés), pero esperaba que fuera enviado de regreso a Venezuela.
Se dio cuenta que, en cambio, lo habían llevado al Cecot cuando su otro hijo, que vive en Colombia, vio el nombre de su hermano en un listado difundido por televisión.
Poco después aparecieron las imágenes de 238 venezolanos a los que les cortan el pelo y los procesan después de su llegada la cárcel.
Gertrudis pudo reconocer a su hijo por un tatuaje de una rosa que tiene en su antebrazo.
“Hay tantos muchachos inocentes ahí”, se lamenta Gertrudis.
Y añade: “Ellos no han hecho nada malo, pero los tratan como animales. ¿Dónde están los derechos humanos?”.
Deportados con justificación
La Casa Blanca insiste en que los casos de aquellos que fueron deportados hacia el Cecot fueron examinados de manera apropiada.
El gobierno de EE.UU. señaló que eran miembros de una peligrosa banda criminal, aunque también aceptaron en un tribunal los documentos que probaban que muchos de ellos no tenían antecedentes criminales.
Y aunque el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dice que el Cecot es la solución al problema de las pandillas en su país, este lugar ha sido descrito por muchos activistas como “un agujero negro de los derechos humanos”.
Gerturdris se está dando cuenta que, además, es un agujero negro de información.
Ella no ha escuchado una sola palabra sobre el estado de su hijo. La última vez que lo vio, Óscar tenía la cabeza rapada, iba encadenado y vistiendo una camiseta blanca y pantalón corto.
La madre no sabe si está recibiendo el mismo trato que los prisioneros salvadoreños, de quienes se sabe no tienen permitido “ni un rato de sol”, como lo describió el propio Bukele cuando presentó su cárcel sin ventanas en las celdas y los corredores.
Las críticas sobre esta deportación de venezolanos a esta prisión de máxima seguridad están creciendo no solo en EE.UU. y Venezuela, sino también en El Salvador.
El experto salvadoreño en temas de inmigración Napoleón Campos piensa que esta medida es inconstitucional y que la Corte Suprema de Justicia salvadoreña debe actuar.
“Debería declarar que traer a estas personas a El Salvador sin que hayan cometido ningún delito en este país excede nuestros límites constitucionales”, dice Campos.
El experto anota que cada vez hay más “evidencia anecdótica” de que una porción muy significativa de los 238 deportados no tiene antecedentes criminales “ni en Venezuela, ni en EE.UU. y mucho menos en El Salvador”.
Campos cree que la idea del agujero negro de derechos humanos no solo se aplica al Cecot sino a todo el país.
“El Salvador de hoy es un profundo agujero negro de ilegalidad, de violaciones de los derechos fundamentales que están inscritos en nuestra Constitución y bajo la convención interamericana de los derechos humanos”, explica el experto.
“No hay otra manera de ponerlo”, añade.
Liberar a los venezolanos
El trabajo de representar a los venezolanos deportados contra el sistema legal salvadoreño ha recaído en Jaime Ortega, quien dice que ha sido contratado por la vicepresidenta de Venezuela para lograr la liberación.
“Este caso es muy triste y nunca visto en nuestro país. Esto solo lo vimos en tiempos de esclavitud, cuando se movían personas de un lugar a otro por dinero. No hay precedentes legales”, anota el abogado.
Sin embargo, confía en que puede lograr la liberación de los venezolanos debido a la falta de claridad sobre los fundamentos legales por los que fueron llevados a la nación centroamericana.
“Aparentemente hay un acuerdo entre El Salvador y EE.UU. Pero esos papeles no los encontramos, por lo tanto, no los tenemos”, explica Ortega.
Ortega explica que si El Salvador ha sido declarado un “tercer país seguro” en términos de inmigración, él y otros abogados pueden exigir la deportación bajo esa clara definición legal.
Sin embargo, ese no es el caso.
El abogado cree que, a lo sumo, los deportados deben ser puestos en un centro de inmigración con miras a un eventual retorno a Venezuela y no en una prisión de máxima seguridad diseñada para retener a los miembros de las pandillas.
Mientras tanto, Nayib Bukele ha rechazado todas las críticas sobre lo que pasa en el Cecot y sobre su dura política contra las pandillas en el país.
El mandatario insiste en que los cambios que ha implementado han cambiado a El Salvador para bien.
Hace tres años, Buekele declaró el “estado de excepción” en el país, bajo el cual algunas normas constitucionales y derechos han sido suspendidos.
Esta medida, originalmente impuesta por un mes, ahora se ha extendido unas 35 veces, con un Congreso controlado por el presidente. No se espera que se levante en el corto plazo.
Este tipo de medidas represivas sigue gozando de un apoyo abrumador entre los salvadoreños, que reeligieron al popular presidente por aplastante mayoría el año pasado.
Medidas polémicas
En parte, la razón de este apoyo se puede ver en barrios de la capital, San Salvador, como el llamado “10 de octubre”.
Controlado en el pasado por la pandilla MS-13, fue la fortaleza de uno de los criminales más poderosos en el país: Elmer Canales Rivera, conocido como Crook, quien ahora está en una prisión de EE.UU.
En el pasado, tan solo para poder entrar en las inmediaciones del barrio se necesitaba un permiso de la pandilla.
E incluso con el permiso, la movida podía ser poco inteligente. Extorsión, violencia e intimidación hicieron parte del día a día de esta comunidad, cuyos habitantes vivían en constante temor por ellos y por sus hijos.
El contraste con la tranquilidad de un barrio ahora común y corriente es innegable.
Muchas paredes y árboles han sido pintados de rosa y verde brillante, cubriendo los amenazantes grafitis de la MS-13, y tres soldados se encuentran a la sombra con sus armas automáticas, señal de la estrategia de seguridad de Bukele en acción.
“Abrimos esta tienda después de [que entrara en vigor el estado de excepción]”, explica Roxana, quien regenta una pequeña tienda de refrescos, comida y ropa en la sala de su casa.
“Las cosas han cambiado mucho. Nos sentimos más tranquilos con un negocio y podemos abrir hasta tarde”.
Las constantes extorsiones de los pandilleros también han cesado, afirma.
Sin embargo, persiste una cultura de silencio generalizada en los antiguos barrios de pandillas.
Pocos residentes están dispuestos a dar respuestas más que monosilábicas sobre la vida con las pandillas, y Roxana no quiso dar su apellido ni que le tomaran una foto.
“Mucha gente inocente también fue detenida”, dice sobre la represión del presidente Bukele.
“Conocemos bastantes casos por aquí. Todavía hay gente en prisión que sabemos que no debería estar allí. Es injusto”.
En Cecot, miles de presos llevan años recluidos, muchos sin juicio. Para Óscar solo han pasado 13 días, pero para su madre, Gertrudis, bien podría haber sido una década.
Ella cuida a su hijo de 8 años en Venezuela mientras su padre se consume en El Salvador.
Dice identificarse con las madres de salvadoreños cuyos hijos están encerrados en el Cecot, a pesar de tener vínculos evidentes con pandillas, una situación que ella desconocía antes de que su propio hijo fuera detenido allí sin vínculos previos aparentes con el Tren de Aragua, al que lo acusan de pertenecer.
“Mi hijo es venezolano, no salvadoreño. Entonces, lo que ese presidente ha hecho es secuestrar a nuestros hijos”, dice Gertrudis entre sollozos.
“Si han cometido algún delito, que respondan por ello aquí en Venezuela. Que los manden a casa”.
