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El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) plantea en su informe final de investigación sobre el financiamiento de la campaña de Rodrigo Chaves, que le corresponderá al Ministerio Público determinar si ocurrió legitimación de capitales.
Así lo plantea en el documento que ya está en poder de la Fiscalía y que CR Hoy reveló en primicia.
En dicho informe, el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos determinó la existencia de 2 estructuras paralelas que se usaron para financiar la campaña electoral de Chaves y la del diputado Waldo Agüero, ambas al margen de la tesorería del Partido Progreso Social Democrático y del Código Electoral.
El informe define claramente presuntos delitos electorales por violaciones a los artículos 273, 274 y 275, que tienen como castigo penas de entre 2 a 6 años de cárcel. Pero, además, hace la salvedad de que, a la luz de toda la prueba que están enviando a la Fiscalía, no descartan que también se cometieran delitos de tipo penal como los tipificados en los artículos 329, 330 y 331 del Código Penal, entre ellos la presunta legitimación de capitales.
“No se omite indicar que, a criterio de este Departamento, corresponderá al Ministerio Público determinar si, a la luz de los hallazgos que se indicará o derivado de sus propias diligencias de investigación, en la especie se habrían configurado presuntivamente otros delitos denunciados por ciudadanos costarricenses (específicamente los tipificados en los artículos 329, 330, 331 y 332 del Código Penal), así como una supuesta legitimación de capitales; ello con ocasión de las competencias que le han sido atribuidas a este órgano de persecución penal en los artículos 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley n.° 7442 del 25 de octubre de 1994) y 62 del Código Procesal Penal (Ley n.° 7594 del 10 de abril de 1996)”, sugirió el TSE en el informe.
Los que se mencionan en el documento que van del 329 al 332 son los delitos de Favorecimiento personal, Receptación, Receptación de cosas de procedencia sospechosa y favorecimiento real, los cuales también deberá analizar la Fiscalía para conocer si existe algún indicio de la comisión de alguno de estos por parte de los investigados.
De momento, lo que pudo constatar el TSE con los elementos probatorios obtenidos a través de las diligencias de investigación, es que el PPSD, en apariencia, financió su campaña, de manera ilegal, para impulsar a Chaves en las elecciones del 2022.
“(…) habrían operado dos estructuras paralelas de financiamiento partidario, destinadas a favorecer la acción político-electoral del partido Progreso Social Democrático, en particular las candidaturas de los señores Rodrigo Chaves para la Presidencia de la República y Julio Ubaldo Agüero Sanabria a la diputación.
Estos esquemas, de comprobarse por el Ministerio Público ante la jurisdicción penal competente, podrían ser constitutivos de los delitos tipificados en los artículos 273, párrafo primero, 274 inciso e) y 275 incisos a) y b).
Además, estas conductas podrían acarrear responsabilidad administrativa para la agrupación política beneficiada, por -en apariencia- configurar la falta prevista en el inciso a) del artículo 288 del Código de marras, previo procedimiento administrativo de rigor”, reza el documento.
El informe final de la institución, confirmó que tanto Chaves como los demás sospechosos fueron sometidos a un estudio de sus finanzas luego de que se aprobara el levantamiento del secreto bancario.
El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP) del TSE, tenía en curso varios expedientes abiertos por denuncias de presuntas anomalías en el movimiento de dinero que se hizo para el PPSD, los cuales finalmente se unieron para dar cuenta de que Chaves y sus allegados políticos habrían cometido violaciones de al menos tres artículos del Código Electoral.
Este se pudo constatar luego de encontrar que el partido político con el que ganó los comicios del 2022, usó dos estructuras paralelas para financiar el impulso de Rodrigo Chaves y el electo diputado por San José, Waldo Agüero, por medio de fideicomisos usando las figuras de ATA Trust y el Grupo “Costa Rica Próspera” (CRP).
Ambos figuran como sospechosos en el informe, junto al canciller Arnoldo André Tinoco, el vicepresidente Stephan Brunner Neibig, la diputada Luz Mary Alpízar (expresidenta del PPSD), Sofía Agüero, hija del legislador del mismo apellido, así como financistas entre los que destacan Jack Loeb y el empresario arrocero Bernal Jiménez.
Denuncia habló de legitimación
Una denuncia en específico, presentada por el expresidente del partido José Eduardo Vargas, habló de la presunción de que la campaña de Chaves se estuviera usando para legitimar capitales.
Vargas habló específicamente de un financista de Chaves de apellido Quesada, quien compró 100 millones de colones en bonos de deuda tipo A pero que, según la denuncia, tiene sociedades inactivas, deudas con la Caja Costarricense de Seguro Social y no se le puede comprobar su solvencia económica.
Quesada declaró en la Asamblea Legislativa que era un pensionado del Gobierno de Estados Unidos y que consideró un bueno negocio comprar los bonos de deuda.
EE. UU. lo advirtió
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El Departamento de Estado de Estados Unidos, había advertido desde el 2022 que tenía bajo la lupa presuntas operaciones sospechas relacionadas con el lavado de dinero en la campaña electoral de nuestro país.
Así lo deja ver el Reporte de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2022, donde hay un apartado específicamente para hablar sobre legitimación de capitales en Costa Rica, operaciones y sectores que son más vulnerables a este delito y otros relacionados, en el que hacen un señalamiento directo a las últimas elecciones.
“El nacimiento de campañas es motivo de especial preocupación dadas las elecciones nacionales de 2022”, especificó el documento en el espacio llamado “Vulnerabilidades y Metodologías de Lavado de Dinero”, refiriéndose a lo analizado en nuestro durante los últimos dos años.
Las investigaciones surgieron desde la Oficina de Operaciones Nacionales, Sección de Investigaciones Financieras (ODF) coordinada por la DEA.
Esa institución gubernamental tiene como objetivo informar y educar regularmente funcionarios y diplomáticos del gobierno de los Estados Unidos, funcionarios de gobiernos extranjeros y militares y contrapartes policiales con respecto a las últimas tendencias en lavado de dinero, narcoterrorismo, banca internacional, corporaciones extraterritoriales, transferencias electrónicas internacionales de fondos y herramientas y técnicas de investigación financiera.
Debido a que Costa Rica es un “país importante para el lavado de dinero” a criterio de Estados Unidos, ese país -según el informe- lo incluyó dentro de las capacitaciones y talleres de lavado junto a Colombia, Panamá, Guatemala, México y Canadá, las cuales están vigilancia de la Casa Blanca por su vulnerabilidad a blanqueo de activos desde diferentes flancos.
En su momento, el TSE se pronunció sobre el informe, indicando que tenían 10 investigaciones en curso por denuncias ciudadanas y otras 22 que se abrieron de oficio, entre esas ya figuraba la del financiamiento de Chaves para ganar los comicios del 2022.
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Carlos Castro
