La Justicia de Chile ordenó a los herederos del dictador Augusto Pinochet (1915-2006) restituir $16 millones al fisco, patrimonio obtenido por la “sustracción de caudales públicos” en los que incurrió Pinochet, y que fueron distribuidos entre sus sucesores una vez fallecido.
El Séptimo Juzgado Civil de Santiago acogió así la demanda del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para recuperar el dinero malversado por el Pinochet que aún no había sido confiscado, y cuyo origen, dice el fallo, “se encuentra en los fondos de gastos reservados asignados a la Presidencia de la República, a la Casa Militar y a la Comandancia en Jefe del Ejército de Chile”.
Fue en octubre de 2018 cuando el CDE demandó a los herederos del exgeneral, luego de que la Corte Suprema concluyera la investigación que reveló múltiples cuentas bancarias secretas usadas por Pinochet y sus colaboradores para ocultar capital ilegal, conocida como caso Riggs.
“Transcurridos siete años desde su presentación, la demanda por provecho del dolo ajeno que hoy acoge íntegramente la Justicia forma parte de un conjunto de acciones materializadas por el CDE para reparar los exorbitantes perjuicios ocasionados por la malversación de fondos públicos cometida por Pinochet y sus colaboradores”, señaló el presidente del organismo, Raúl Letelier.
El fallo del tribunal, además, desestimó la prescripción alegada por la defensa de los herederos de Pinochet, aunque al tratarse de una resolución en primera instancia podrán recurrir a la Corte de Apelaciones e incluso a la Corte Suprema.
Por el caso Riggs, Pinochet alcanzó a ser procesado por la Justicia chilena en 2005, pero pese a decretarse su arresto domiciliario por algunas semanas, no fue condenado y murió en diciembre de 2006.
Tampoco fue condenado por su responsabilidad en las sistemáticas violaciones a los derechos humanos perpetradas bajo su régimen en Chile, política de exterminio que dejó al menos 3.200 opositores asesinados, de los que 1.469 que fueron víctimas de desaparición forzada.
