Una jueza federal de Estados Unidos suspendió el martes la prohibición de personas transgénero en el ejército dictada por el gobierno del presidente Donald Trump.
Citando la Declaración de independencia de Estados Unidos, que establece que “todos los seres humanos son creados iguales”, la jueza federal de Washington, Ana Reyes suspendió un decreto firmado en enero por Trump que excluye a las personas transgénero de las fuerzas armadas.
“Para garantizar que tengamos la fuerza de combate más letal del mundo, eliminaremos de nuestras fuerzas armadas la ideología transgénero”, dijo Trump el 27 de enero en Florida, antes de especificar, en el avión de regreso a Washington, que había firmado un decreto a tal efecto.
Un grupo de personas transgénero, que son militares o desean serlo, impugnaron el decreto ante los tribunales.
La administración Trump podría haber “definido una política que logre un equilibrio entre la necesidad del país de tener un ejército preparado y el derecho de los estadounidenses a la igualdad de protección ante la ley”, escribió la jueza.
La magistrada consideró que el decreto impugnado no expresa “esa política” y reprochó que esté marcado por la “hostilidad” hacia las personas transgénero, sin ninguna justificación legal o racional para su exclusión de las fuerzas armadas.
Se estima que el número de personas transgénero en el ejército estadounidense es de alrededor de 15.000, de un total de aproximadamente dos millones de efectivos.
Otro revés
Mientras tanto, el juez federal Theodore Chuang dijo que la decisión del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de cerrar de forma permanente la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) es “probablemente inconstitucional” y pidió de forma preliminar cesar los esfuerzos para continuar su desmantelamiento.
Chuang consideró en su escrito que las acciones emprendidas para acabar con la USAID “de forma acelerada (…) probablemente violaron la Constitución estadounidense de múltiples maneras”, perjudicando no solo a los demandantes, sino también al interés público.
Para limitar el impacto del probable cierre inconstitucional de Usaid, Chuang añadió que solicitará a los integrantes del DOGE que restauren a sus trabajadores el acceso a correo, pagos, notificaciones de seguridad y otros sistemas electrónicos.
El pasado 10 de marzo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló que el Ejecutivo había cancelado oficialmente el 83 % de los programas de USAID. El gobierno está en consultas con el Congreso para que el resto, unos 1.000 contratos, sean transferidos al Departamento de Estado para ser “administrados de manera más efectiva”, según sus palabras.
