Fotografía: MEP | Con fines ilustrativos.
Una directora y un profesor del Ministerio de Educación Pública (MEP), identificados con los apellidos Parrales Medina y Víquez Vargas, están siendo investigados por supuestamente vender plazas de trabajo en el sistema educativo costarricense a cambio de pagos que oscilaban entre ¢300.000 y ¢900.000.
Cómo operaba el esquema
De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía este lunes, los imputados ofrecían plazas en propiedad para diversos puestos como cocineros, misceláneos, choferes, auxiliares administrativos y personal de mantenimiento. Las víctimas, según las pesquisas, habrían sido personas que buscaban desesperadamente un empleo y que, tras el pago, eran convencidas de que el puesto estaba asegurado.
El periodo en el que se desarrollaron estas acciones ilegales se extiende entre abril de 2020 y octubre de 2022, tiempo durante el cual los acusados, presuntamente, ejecutaron un plan delictivo en conjunto, aprovechándose de la vulnerabilidad y la necesidad laboral de sus víctimas.
Medidas cautelares
Ambos funcionarios permanecen suspendidos de sus cargos mientras avanza la investigación por el delito de concusión, que implica el abuso de autoridad para obtener beneficios económicos indebidos. Además, las autoridades han ordenado la ampliación de medidas cautelares, como la prohibición de salir del país y de tener contacto con testigos o víctimas involucrados en el caso.
Reacción de las autoridades
La Fiscalía no ha revelado el nombre del centro educativo donde trabajaban los imputados ni la ubicación de este, pero aseguró que el caso sigue en desarrollo y que se están recopilando más evidencias para esclarecer el alcance de los hechos y determinar cuántas personas fueron afectadas.
El caso ha generado preocupación en la comunidad educativa, ya que pone de manifiesto posibles irregularidades en el sistema de contratación del MEP y el impacto negativo que estas acciones tienen en la confianza hacia las instituciones públicas.
