Dos hombres de origen alemán, un costarricense y 2 personas más, de quienes no se conoció identidad, habrían realizado donaciones en dólares y colones por un monto cercano a los ₡95 millones, al fideicomiso Costa Rica Próspera (CRP) con el que se financió la campaña del actual presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y ahora son objeto de análisis por parte de la Fiscalía General del Ministerio Público.
El fideicomiso CRP es una de las 2 presuntas estructuras paralelas de financiamiento que, según un análisis realizado por el Departamento de Financiamiento de Partidos (DFPP) del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), habría incurrido en delitos estipulados en el Código Electoral.
El informe final de investigación efectuado por el DFPP enumeró una serie de traslados de dinero que llegaron al fideicomiso, los cuales fueron calificados como “sin identificación precisa de su origen o finalidad”. Es decir, las pesquisas no encontraron elementos suficientes sobre el flujo de los fondos y el ligamen que tendrían con el fideicomiso constituido con fines políticos.
El documento incluye un apartado en el que se advierte que el movimiento de esos fondos generó dudas. Los movimientos de dinero a cuentas del fideicomiso ocurrieron entre el 25 de febrero del 2021 hasta el 6 de octubre de ese mismo año. Fecha para la cual Chaves ya había sido ratificado como candidato del PPSD.
La utilización del fideicomiso es señalado como una posible estructura paralela de financiamiento, pues las donaciones recibidas no fueron reportadas al TSE y se hicieron al margen de las cuentas oficiales de la agrupación política. Ambas situaciones configuran presuntos incumplimientos legales del Código Electoral.
Por medio de ese mecanismo, Chaves y otros miembros del partido que aspiraban a cargos políticos accedieron a ₡372 millones remitidos a la cuenta del fideicomismo. Dichos recursos se usaron con fines político-electorales para pago de bienes y servicios enfocados en la campaña presidencial de 2022, según los hallazgos del informe hecho por el TSE.
El fideicomiso, cuyo fin era captar y custodiar fondos, fue creado y administrado por Arnoldo André Tinoco, actual canciller de la República, el hoy presidente Chaves y otros financistas de campaña a través de la empresa ATA Trust Company S.A. Precisamente, dicha compañía está vinculada al canciller.
En medio de las investigaciones, el DFPP solicitó el levantamiento del secreto tributario a dicha sociedad anónima. En la revisión de los movimientos, se detectaron al menos 6 que levantaron sospechas.
“(…) el registro de ingresos de las cuentas bancarias del fideicomiso del grupo CRP, apunta que entre el 25 de febrero y 30 de noviembre de 2021, se habrían registrado ingresos anónimos o de personas sin identificar”, dice el expediente.
Entre los donantes figura un ciudadano, que se presume sería de origen alemán, como lo apunta el informe del TSE, llamado Michael Dahler. En la transferencia hecha el 4 de marzo del 2021, por una suma de ₡4 millones, no se aportó el número de cédula del donante. Únicamente se anotó como detalle “Michel Dahler/Fondos en Custodia Michael Dahler”.
El otro extranjero que aportó al fideicomiso a través de un depósito efectuado el 1 de julio del 2021, fue Hey Friedrich, de quien tampoco se anotó el número de identificación tras hacer una transferencia por $3.000. La descripción anotada señala únicamente “Donación Hey Friedrich”.
El monto más alto lo aportó un ciudadano completamente desconocido, pues en los registros del fideicomiso que financió a Chaves, aparece un aporte por $176 mil, hecho por un sujeto de quien no se consignó nombre ni cédula. El aporte se hizo el 3 de agosto del 2021 y se registró como “Jens Kurt Bohme 12760031/Compra de lotespropied”.
Bajo esa misma modalidad se detectaron 2 depósitos más: una por $76 por “Compa IA hotelera Mi/devo, cancelacion Habitac” y otra de $21 por concepto de “Spellbound Hospitali CD BAC”.
Finalmente, se ubicó una más por $1.500 hecha por Marcos González Vargas, cuya cédula no se anotó, la cual se hizo por “Almuerzo 5 de agosto”. Evento que promovió Chaves para esas fechas con el objetivo de recaudar fondos para la campaña, el cual fue organizado en el Club Unión en San José y del que el TSE no encontró indicios de que tuviera lugar.
Como parte de este mismo análisis también apareció el nombre de Dahler en otros movimientos de ATA Trust, donde se describen “Reintegro de gastos” (₡1.750. 398), “Servicios El Jardinero” (₡226.000) y “Traslado de dinero” ($6.834).
En el Registro Civil no aparece registrada ninguna persona costarricense o nacionalizada, identificada como Hey Friedrich o Michael Dahler, mientras que con el nombre Marcos González Vargas se registran 11 personas.
El DPFF señala en el informe a Hey Friedrich como “supuesto ciudadano alemán, vinculado al bufete Lexin Corp”, cuyo socio fundador es el actual canciller André Tinoco, quien además figura en el informe como posible responsable de violentar artículos del Código Penal que tienen penas de cárcel.
El artículo 128 del Código Electoral prohíbe a personas extranjeras hacer donaciones a campañas políticas. Una acción ilícita que de comprobarse se puede sancionar con penas de 2 a 4 años de prisión.
Estructuras paralelas
Por medio de CRP, el hoy presidente pudo contar con ₡236 millones que provenían de diferentes fuentes, pero que no se reportaron al TSE como donaciones al PPSD.
El informe final reveló que donaron al fideicomiso: Jack Frederick Loeb Casanova ($106.750), Arnoldo André Tinoco ($5.500), José Francisco Coto Quesada ($13.000), Luis Diego Soto Clausen ($5.500), Adrián de Jesús Torrealba Navas ($15.000), Bernal Jiménez Chavarría (₡300.000), Damaris Robles Aguilar ($10.000), Helen Valerie Loeb Casanova ($1.500) y José Antonio Yock Fung (₡1 millón).
La otra línea de ingresos con los que se sufragaron gran parte de los gastos de la campaña de Chaves salieron del financista Loeb Casanova, pero esta vez por medio de Sofía Agüero Salazar, hija del actual diputado por San José, Waldo Agüero Sanabria.
Esta fue calificada por la investigación del TSE como la segunda estructura paralela, creada por Loeb y Agüero Salazar.
Por medio de este esquema, Loeb habría hecho una donación de $200.000 a las campañas de Chaves y Waldo Agüero, usando a Sofía como intermediaria, pues puso a disposición dos de sus cuentas en diferentes entidades financieras, todo al margen de la tesorería del partido político.
Este presunto financiamiento ilegal operó entre el 2 de setiembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022.
Dicha estructura recibió ₡12.431.317 y $208.844, es decir, ₡136 millones aproximadamente, usados en gastos de naturaleza político-electoral para las aspiraciones de Chaves y Agüero. Dichos movimientos no fueron incluidos en los estados financieros del PPSD.
Rodrigo Chaves, actual presidente de la República, durante un acto de campaña en enero de 2022. Foto: Conozca a Rodrigo/Facebook
El informe del TSE indica que Chaves y el diputado Agüero pudieron conocer del hecho, pero no lo denunciaron. También al vicepresidente Stephan Brunner, al canciller André y la diputada oficialista Luz Mary Alpízar de cometer presuntos delitos penados con cárcel en el Código Electoral.
Además, se apunta a otras 8 personas investigadas, por hacer y recibir presuntas donaciones ilegales, entre ellos los financistas Jack Loeb y Bernal Jiménez.
En el caso del presidente Chaves, el informe cita que habría incurrido en una violación al artículo 273 del Código Electoral, por presuntamente recibir donaciones para el partido político Progreso Social Democrático (PPSD) a espaldas de la tesorería de la organización política. Dicho delito tiene una pena de 2 a 4 años de cárcel.
El TSE encontró que la posible infracción se pudo cometer cuando Chaves, en su condición de constituyente del fideicomiso, invitó a recibir depósitos a las cuentas de ATA Trust Company S.A., siendo ya candidato electo por el PPSD.
Por este mismo delito y la misma situación fueron investigados los empresarios y donantes de campaña: Jack Loeb, Andrés Vásquez y Alonso Vargas Araya, todos representantes del fideicomiso señalado. También al canciller André Tinoco.
Además, al presidente Chaves se le relaciona con la supuesta violación al artículo 275, que tipifica las contribuciones privadas ilegales. En este caso, se le señala por recibir donaciones para su campaña a través de “una estructura paralela y evadiendo los controles del partido político”. Por este mismo delito se le señala a la diputada Alpízar, quien ahora es independiente.
Por este mismo delito también fue señalado el vicepresidente Brunner, pues el informe del TSE logró determinar que conocía sobre la existencia de activos del PPSD adquiridos por el fideicomiso y no lo denunció.
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Carlos Castro
