Paulina Ramírez, diputada del PLN. (CRH).
La diputada Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), calificó como lamentable que el Gobierno busque las formas para evitar fortalecer a la educación y la seguridad.
Así lo manifestó la legisladora, quien preside la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso, después de que los diputados oficialistas hicieron una consulta a la Sala Cuarta sobre la constitucionalidad o no de las mociones que introdujeron las bancadas de oposición para inyectar más recursos a la educación y seguridad y sobre las normas de ejecución presupuestaria en el presupuesto nacional para 2025.
“De la consulta que realizó la fracción de gobierno y otros diputados para verificar la constitucionalidad de las mociones que realizamos los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios y de las normas presupuestarias resultó realmente favorable y demuestra que no hay inconstitucionalidad tanto en las normas como en las mociones”, dijo.
“Lo único que se evidencia es que el Gobierno anda buscando las formas y los mecanismos para evitar darle los recursos a la seguridad, a la educación, a las universidades, cultura y programas sociales. Es lamentable que sabiendo la crisis que estamos viviendo en el tema de seguridad, donde todos los costarricenses ya tememos salir a la calle porque el crimen organizado y el narcotráfico tomó nuestro país. Y así mismo que no quieran fortalecer ni las becas ni el transporte estudiantil, ni comedores infantiles y otros”, declaró.
Según Ramírez, no queda claro por qué el Gobierno se niega a dar los recursos.
Recordó que las normas de ejecución presupuestaria generan grandes ahorros para el país que pueden invertirse en seguridad y educación.
“Es lamentable que sigan insistiendo y evitar el fortalecimiento de la seguridad y de la educación de nuestro país”, agregó.
En el presupuesto de 2025, que es de ¢12,4 billones, los diputados hicieron una reorganización de partidas para inyectar ¢26.331 millones para la educación primaria y secundaria, ¢10.360 millones al Fondo Especial de Educación Superior (FEES) y ¢17.048 millones para combatir la delincuencia y el crimen organizado.
Sin embargo, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, mantiene congelados los recursos.
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Alexánder Ramírez