El pasado lunes 11 de agosto falleció el senador colombiano Miguel Uribe Turbay, víctima del brutal atentado que sufrió el 7 de junio en Bogotá durante un acto de campaña para las elecciones presidenciales de 2026.
Aunque el ejecutor del sicariato fue un menor de edad, tanto sectores del gobierno como de la oposición colombiana han señalado la posible participación de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico como autores intelectuales de este homicidio.
El asesinato de Miguel Uribe se suma a una creciente ola de violencia política que sacude los cimientos de la democracia en América Latina. Solo en el primer semestre de 2025, Colombia registró 11 homicidios de dirigentes políticos, dentro de las 106 agresiones violentas contra el liderazgo político documentadas por la Misión de Observación Electoral.
En México, la consultora Integralia contabilizó 112 asesinatos políticos entre enero y junio, dentro de un total de 253 hechos de violencia política. En Brasil, el Observatorio de Violencia Política Electoral reportó 140 episodios durante el primer trimestre de este año, 25 de ellos con resultado letal. En Ecuador, durante su proceso electoral 2025, el Observatorio Ciudadano de Violencia Política registró 37 agresiones contra la integridad y la vida de líderes políticos, de las cuales 14 fueron asesinatos.
La mayoría de estos informes coinciden en señalar que el uso de la violencia extrema contra el liderazgo político no es aleatorio ni aislado, sino que responde a un patrón sistemático de grupos armados vinculados al crimen organizado y al narcotráfico. Su objetivo: coaccionar o eliminar a quienes perciben como una amenaza, incidir en los resultados electorales para imponer candidatos afines a sus intereses, y consolidar su control territorial.
Uno de cada nueve latinoamericanos vive bajo algún tipo de gobernanza criminal
La violencia política es apenas la punta del iceberg de una lógica criminal más profunda: la expansión, en toda la región, de formas de gobernanza criminal. En amplias zonas del continente, grupos armados vinculados a mercados ilícitos, en especial al narcotráfico, no solo imponen o cooptan autoridades locales, sino que, aprovechando la ausencia, debilidad o colusión del Estado, usurpan directamente sus funciones. En sus territorios de influencia, estos grupos recaudan “impuestos”, regulan disputas, proveen justicia informal y controlan el acceso a bienes públicos.
La magnitud del fenómeno es alarmante. Un estudio elaborado por Uribe y Lessing, a partir de la encuesta Latinobarómetro 2020, estimó que entre 67 y 101 millones de personas en 18 países de la región viven bajo alguna forma de control o “gobernanza” ejercida por grupos criminales. Es decir, al menos uno de cada nueve latinoamericanos experimenta un orden que no emana del Estado, sino de organizaciones delictivas armadas.
Esta gobernanza paralela no solo es incompatible con los principios del Estado de derecho, sino que erosiona los fundamentos mismos de la democracia.
Diez países latinoamericanos entre los 25 con mayor criminalidad organizada del mundo
De los veinticinco países con mayores niveles de criminalidad organizada en el mundo, diez se encuentran en América Latina. Colombia ocupa el segundo lugar a nivel global, seguido por México (3.º) y Paraguay (4.º). También figuran Venezuela (12.º), Perú (13.º), Guatemala (14.º), Haití (15.º), Panamá (16.º), Brasil (22.º) y Ecuador (24.º).
Esta clasificación del Índice Global de Crimen Organizado (GI-TOC) 2023 se basa en la magnitud de los mercados ilícitos, la penetración de los grupos criminales y el impacto que causan sobre las instituciones estatales y la sociedad. La concentración de estos altos niveles de criminalidad explica, en gran medida, por qué la gobernanza criminal se ha extendido tan ampliamente en América Latina, con particular intensidad en algunos países de la región.
Otro factor clave para explicar la expansión de la gobernanza criminal en América Latina son las características territoriales. Áreas con débil presencia estatal -como zonas rurales aisladas o barrios urbanos marginados- ofrecen un entorno propicio para que estos grupos se consoliden como autoridades de facto, como ocurre en ciertas favelas de Brasil o en sectores populares de Venezuela. A ello se suma la geografía compleja y extensa de la región, con costas largas, selvas y montañas, que dificulta la vigilancia estatal y facilita el control criminal del territorio, como se observa en la línea fronteriza entre Colombia y Venezuela.
Asimismo, la posibilidad de acceso a espacios estratégicos como puertos, pasos fronterizos y corredores logísticos tiene mucho peso en la expansión de este fenómeno. Estos espacios son altamente codiciados por las organizaciones delictivas para movilizar drogas, armas, dinero y personas. Esta dinámica se observa en países como México, Colombia, Venezuela y Ecuador, donde los grupos criminales han convertido el control territorial de algunos de esos espacios en una ventaja operativa decisiva.
Venezuela, el caso más extremo de gobernanza criminal en América Latina
Venezuela encarna el caso más extremo y estructural de gobernanza criminal en América Latina. A diferencia de otros países de la región, donde los grupos delictivos operan al margen, enfrentados o en colusión con el poder político, en Venezuela el crimen organizado y el aparato estatal han terminado por fundirse en una sola entidad: un narcoestado. Como advierte el constitucionalista venezolano Juan Miguel Matheus, “Nicolás Maduro ha alcanzado lo que Pablo Escobar no pudo: fundir en una sola estructura el poder del Estado y el crimen organizado”.
Uno de los indicadores más contundentes de esta realidad es el altísimo nivel de penetración de actores criminales dentro del Estado venezolano, combinado con una capacidad institucional prácticamente nula para enfrentarlos. El Índice Global de Crimen Organizado 2023 (GI-TOC) ubica a Venezuela en el primer lugar de América en cuanto a integración de redes criminales dentro del Estado (9,00/10), y en el último lugar en cuanto a capacidad estatal para resistir y desmantelar el crimen organizado (1,88/10).
Estos indicadores son congruentes con una amplia gama de evidencias recogidas por organismos de inteligencia, agencias antidrogas y organizaciones internacionales, que documentan la estrecha colaboración entre élites políticas y militares venezolanas con redes criminales como el Cártel de los Soles, las disidencias de las FARC, el ELN y el Tren de Aragua.
Las cifras también hablan por sí solas. Según estimaciones de la DEA, aproximadamente el 24 % de la producción mundial de cocaína transita por Venezuela. Los ingresos brutos por narcotráfico alcanzaron los 8.236 millones de dólares en 2024, según el informe “Narcotráfico en Venezuela 2024” de Transparencia Venezuela.
Este cúmulo de evidencias llevó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a designar al Cártel de los Soles como una organización terrorista transnacional. Según esa decisión, dicha red criminal está liderada por Nicolás Maduro y altos funcionarios de su gobierno, quienes han facilitado y financiado operaciones de otros grupos terroristas, como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.
En esa misma línea, Washington ordenó el despliegue de fuerzas militares en el mar Caribe como parte de su estrategia para contener el narcotráfico transnacional. Estas medidas dejan en claro que, para Estados Unidos, el carácter transnacional del crimen organizado lo ha convertido en una amenaza directa a su seguridad.
Una de las primeras víctimas de la instauración de la narcodictadura chavista fue la democracia venezolana. Los regímenes autoritarios tienden a facilitar la expansión del crimen organizado, mientras que las democracias -aun con sus debilidade- ofrecen mejores condiciones para enfrentarlo. La transparencia, la legalidad, la participación ciudadana y la rendición de cuentas son antídotos frente al poder del crimen, sostiene el Índice Global de Crimen Organizado 2023.
El crimen organizado es uno de los problemas más urgentes de América Latina, y la región debe priorizar su lucha, advierte el Banco Mundial en su informe de 2025. La violencia política, la infiltración institucional y la captura del Estado por redes criminales financiadas por el narcotráfico están reconfigurando el poder en la región. No se trata solo de una amenaza a la seguridad ciudadana: es una amenaza existencial para las democracias latinoamericanas.
