“Me expulsaron de la universidad y perdieron toda mi historia académica. Me cerraron todas las puertas laborales por pensar distinto al Gobierno y me empujaron al exilio”, cuenta a DW Esteban (nombre cambiado), un joven estudiante de Nicaragua que llegó a Costa Rica en 2020. El joven prefiere permanecer en el anonimato por temor a mayores represalias.
“Aquí, por segundo año consecutivo, he intentado ingresar a la Universidad y recomenzar desde el principio, pero no he logrado que en Managua liberen mis notas de secundaria”, sigue Esteban.
Contrariamente a las deportaciones que captan titulares de prensa -como el de que todas las religiosas tendrán que haber dejado el país para el 31 de diciembre de 2024- este exilio, gota a gota, de estudiantes sin futuro en su país es casi silencioso.
Esto viene a exponer Esteban ante las instituciones de la Unión Europea (UE) y la ONU en Ginebra, apoyado por Acción Universitaria de Nicaragua y la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH).
Datos
Según informan a DW fuentes costarricenses, en 2023 Costa Rica experimentó un aumento sin precedentes de migrantes: un 133 por ciento en relación con 2022. La mayoría, familias en tránsito, con un 41 por ciento de menores de 18 años. Buena parte de ellos, con necesidades urgentes en nutrición y salud. Organizaciones internacionales como UNICEF y la cooperación de algunos países europeos, como Francia y España, han apoyado al país centroamericano a enfrentar el gran desafío que esto representa, también para la educación.
“Entrar a escuelas secundarias es factible, porque la educación es obligatoria en Costa Rica, independientemente del estatus migratorio”, cuenta a DW Edgar Blanco, presidente de Acción Universitaria de Nicaragua. Este líder estudiantil pudo continuar sus estudios en el exilio en Costa Rica gracias a una beca europea.
“Si bien se accede a la educación secundaria en Costa Rica, el asunto se complica al entrar a la universidad. Por el aspecto económico -situación que comparten tanto costarricenses como estudiantes de otras nacionalidades-, muchos jóvenes tienen que decidirse entre estudiar o trabajar”, continúa Edgar Blanco.
Pero los aspirantes a la universidad de origen nicaragüense enfrentan peor si no: “Las barreras que existen para reconocer títulos son muchísimas. Los trámites burocráticos son tan complicados, que muchos se ven obligados a recomenzar la carrera”, añade. Y eso es cuando tienen sus documentos, cosa que no le sucede, según datos de Acción Universitaria, a los más de 300 expulsados de las universidades del país centroamericano.
Efectivamente, en un reciente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, publicado en noviembre de 2024, se constata que, entre diciembre de 2021 y febrero de 2024, se clausuraron 37 universidades en el país.
Aunque la Asamblea Nacional decidió la apertura de cinco universidades nuevas, con los bienes confiscados a las entidades clausuradas, el informe estima un impacto negativo en 37.000 jóvenes nicaragüenses. En aquellas universidades que no han sido clausuradas, así el informe de los expertos de la ONU, el Gobierno ha impuesto medidas de control político, ha restringido la libertad académica y ha limitado el acceso a todo quien considere opositor.
Respuesta internacional
Cabe resaltar que las organizaciones internacionales están plenamente conscientes del flujo emigrante de Nicaragua. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entre enero y septiembre de 2024, se han registrado 414.123 salidas de nicaragüenses por la frontera con Costa Rica. En esta situación, una de las respuestas de varios países de la Unión Europea ha sido, por ejemplo un proyecto para proveer de refugio, acceso a la salud, regularización y empleabilidad de personas migrantes.
“Este proyecto del Gobierno de Costa Rica, financiado por la UE, refuerza el compromiso internacional de proteger el trabajo decente y los procesos de regularización de migrantes, personas refugiadas y solicitantes de refugio”, expresa Eva Martínez Sánchez, embajadora de España en Costa Rica.
¿Solo trabajar o solo estudiar?
A pesar de todo ese apoyo, “todavía no existe sensibilidad a la movilidad forzada específica de los estudiantes”, sigue Edgar Blanco, quien en un año culminará su carrera de Ciencias Políticas. “También hay jóvenes preparados que ven imposible integrarse a colegios profesionales para ejercer lo que han estudiado”, agrega.
En esta situación, “hemos venido hasta Bruselas a explicar el colapso en derechos humanos -entre ellos el derecho a la educación- que se vive en nuestro país”, relata Blanco, quien desde el exilio en Costa Rica intenta captar ayuda internacional para esto, que es un grave impedimento al desarrollo futuro de un país socio de la UE.
“Pedimos apoyo europeo, tanto en Costa Rica como en los otros destinos de la migración nicaragüense”, puntualiza el representante de Acción Universitaria.
Mientras, el joven Esteban, que hasta hace cuatro años estudiaba en Managua relaciones internacionales y comercio exterior, se lamenta de que se encuentra en un callejón sin salida: “En Costa Rica, para acceder al sistema de salud hay que cotizar. Y para cotizar hay que trabajar”, cuenta. Sin acceso a la universidad, le es impensable acceder a una beca.
“Trabajo en un bar restaurante por las noches y, por el día, me dedico al activismo para que en Nicaragua haya un cambio”, dice Esteban a DW, subrayando su esperanza de volver con un título a un país en democracia.
