Regulación de precios genera controversia y acciones judiciales
El decreto ejecutivo que impone márgenes máximos para la venta de medicamentos en Costa Rica, firmado a inicios de año, ha generado una fuerte oposición por parte de distintos sectores de la industria farmacéutica. Aunque la medida busca reducir los costos de los medicamentos para los consumidores, expertos advierten que podría tener consecuencias negativas en la sostenibilidad del mercado y el acceso a ciertos fármacos.
Impacto en el sector farmacéutico: riesgos y advertencias
Tanto el Colegio de Farmacéuticos como la Cámara Costarricense de la Salud han manifestado su preocupación por el decreto, argumentando que se basa en un análisis comparativo con otros países sin considerar las condiciones específicas del mercado costarricense.
Según Eduardo Jiliberto, presidente de la Cámara Costarricense de la Salud, la regulación podría no generar el impacto esperado en los precios y, por el contrario, representar un riesgo para los pequeños actores del sector.
«Cuando hay un diagnóstico mal hecho, las medidas pueden no producir el efecto esperado. Este decreto se basa en márgenes que no reflejan la realidad del mercado local. No habrá una reducción significativa en los precios de los medicamentos y esto generará frustración en la población. Además, podría afectar la sostenibilidad de las farmacias más pequeñas», explicó Jiliberto.
Por su parte, José Gatgens, presidente del Colegio de Farmacéuticos, enfatizó el riesgo de desabastecimiento y la posible salida de laboratorios del país debido a la nueva regulación.
«No estamos en contra de la regulación, ya que en Costa Rica existen controles de precios desde hace más de 20 años. Sin embargo, esta medida, sin un análisis profundo del mercado local, podría generar escasez y reducir la oferta de medicamentos innovadores. En algunos casos, en lugar de reducirse, los precios podrían incluso aumentar», afirmó Gatgens.
Márgenes de ganancia y expectativas sobre los precios
El decreto establece márgenes de ganancia que oscilan entre un 11% y un 43,5% tanto para distribuidores como para farmacias. No obstante, esto no garantiza necesariamente una reducción en los costos de los medicamentos.
Ante este panorama, distintos actores de la industria han optado por recurrir a la vía legal para frenar la aplicación del decreto.
Acciones judiciales contra el decreto
El Colegio de Farmacéuticos y la Cámara Costarricense de la Salud han interpuesto recursos legales para impugnar la medida. Mientras la Cámara presentó una acción de inconstitucionalidad, el Colegio acudió al Tribunal Contencioso Administrativo en busca de revertir la regulación.
Además, las empresas Central Farmacéutica (CEFA) y Cofasa han solicitado medidas cautelares para detener la implementación del decreto, argumentando que podría afectar la estabilidad del sector y el abastecimiento de medicamentos en el país.
Respuesta del gobierno y próximas acciones
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), entidad responsable de la formulación del decreto, ha defendido la regulación argumentando que se basó en estudios comparativos de casi 50 países. Sin embargo, al cierre de esta publicación, la institución no había respondido a las consultas sobre los señalamientos realizados por la industria farmacéutica.
Se espera que en los próximos días el Tribunal Contencioso y la Sala Constitucional se pronuncien sobre las acciones presentadas, lo que podría definir el futuro de la regulación de precios en el sector farmacéutico costarricense.
