La diputada Andrea Álvarez Marín, del Partido Liberación Nacional (PLN), lanzó una solicitud directa y contundente al presidente Rodrigo Chaves: que renuncie voluntariamente a su inmunidad presidencial para enfrentar el proceso penal abierto en su contra por el supuesto delito de concusión.
El llamado se hizo mediante un oficio formal enviado por Álvarez, donde apeló a principios de ética y transparencia. “He instado respetuosamente al presidente de la República a renunciar a su inmunidad ante la acusación penal que existe en su contra. El cargo que ostenta le exige decencia, ética y honorabilidad. El pueblo de Costa Rica merece actuaciones de altura y ejemplares”, expresó en su perfil de la red social X.
La causa penal contra Chaves fue presentada por el fiscal general de la República, Carlo Díaz, y está en manos de la Sala de Casación Penal (Sala Tercera) bajo el expediente 25-000019-033-PE. El caso gira en torno a una supuesta dádiva de $32.000 entregada por el empresario Christian Bulgarelli a Federico Cruz, conocido como “Choreco”, con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La investigación sugiere que el dinero habría estado vinculado a una contratación, lo que podría configurar un acto de concusión si se demuestra que hubo abuso de poder.
Hasta el momento, Chaves no ha manifestado si aceptará o no la solicitud. En conferencia de prensa reciente, evitó referirse al tema con claridad, lo que ha generado aún más expectativas y cuestionamientos en distintos sectores políticos.
Y no es solo Álvarez quien ha hecho este llamado. Diputados de otras fracciones, como Luis Diego Vargas del Partido Liberal Progresista (PLP), Vanessa Castro del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Antonio Ortega del Frente Amplio, también se han sumado a la petición de que el mandatario dé un paso al frente y enfrente la causa sin la protección del fuero constitucional.
No obstante, desde el oficialismo, la jefa de fracción Pilar Cisneros advirtió con firmeza: “Espero no se atrevan”, en referencia a la posibilidad de que el Congreso levante la inmunidad al presidente, un proceso que solo puede avanzar con aprobación de la Asamblea Legislativa si no hay una renuncia voluntaria.
