El proyecto de ley que busca establecer penas de 2 a 4 años de cárcel para aquellos que introduzcan teléfonos celulares u otros dispositivos tecnológicos en prisiones ha desatado una controversia que amenaza con socavar la eficacia del sistema judicial, según ha determinado la Corte Suprema de Justicia.
La medida propuesta por el Gobierno pretende abordar el creciente problema de los artículos prohibidos que ingresan a las cárceles, facilitando así la continuación de actividades delictivas por parte de los reclusos.
Sin embargo, los magistrados han señalado que la implementación de esta ley podría sobrecargar significativamente las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y del sistema judicial, generando una importante cantidad de trabajo adicional sin proporcionar los recursos necesarios.
El aumento en la interceptación de dispositivos electrónicos dentro de las prisiones refleja un problema creciente, con miles de teléfonos celulares y otros artículos incautados en los últimos años.
A pesar de los esfuerzos de las autoridades, muchas personas que intentan introducir estos dispositivos no son procesadas con éxito debido a la falta de una legislación específica que castigue esta práctica como un delito.
La propuesta de ley, actualmente en discusión en la Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico, busca llenar este vacío legal al establecer penas para aquellos que faciliten o provean estos dispositivos a los reclusos.
El Ministro de Justicia ha respaldado firmemente la aprobación de esta medida, destacando la importancia de fortalecer el trabajo de la Policía Penitenciaria en la lucha contra la corrupción y el crimen dentro de las prisiones.
A pesar de los esfuerzos por implementar medidas como los inhibidores de señal, la continua entrada de dispositivos electrónicos en las cárceles sigue siendo un desafío, lo que subraya la necesidad de una legislación más sólida para abordar este problema.
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Redacción
