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Dos investigaciones judiciales sobre casos de alto perfil figuran entre las razones que permitieron a Costa Rica mejorar ligeramente el último año el índice que mide la lucha contra la corrupción. Así lo destacó la organización Costa Rica Íntegra (CRÍ).
La semana anterior, se presentó el “Índice de la percepción de la corrupción para Costa Rica”, en el cual se reveló que el país permanece estancado sin grandes mejoras en transparencia: obtuvo 58 puntos de 100.
La nación costarricense se ubica en la posición #42 en el ranking de 180 países, y aunque hubo una leve mejoría de 3 puntos, lo cierto es que se mantiene todavía un desempeño deficiente.
Costa Rica Íntegra, la organización sin fines de lucro que se dedica a impulsar un sistema nacional de transparencia, probidad y anticorrupción, destacó en su más reciente informe dos grandes causas penales que fueron destapadas a nivel público en el transcurso del 2024: el caso “Madre Patria” y el caso “Barrenador”.
En este último se investiga un escándalo de supuesta corrupción sobre posibles influencias y presiones por parte de la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para otorgar un contrato con aparentes sobreprecios de unos ₡12.400 millones al año, para que varias cooperativas se encarguen de la administración de 10 áreas de salud.
La exjerarca de la institución convertida en ministra de Planificación, Marta Eugenia Esquivel, es la principal investigada, aunque en el expediente figuran varios directivos y exmiembros de la junta, así como la gerente general suspendida, Marielos Gutiérrez.
En el caso “Barrenador”, el Ministerio Público (MP) investiga la presunta comisión de los delitos de influencia contra la Hacienda Pública, falsedad ideológica y tráfico de influencias en la adjudicación del contrato multimillonario, con aparentes sobrecostos.
Natalia Villalta, quien lidera la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), afirmó que los resultados de estas investigaciones destacadas son gracias a rutas que trazaron previamente para la resolución de causas y capacitación que han realizado tanto al personal de la fiscalía como a instituciones públicas para prevenir delitos.
“En el 2023 se realizó un análisis de todas las causas relacionadas con delitos funcionales de todo el país y este trabajo permitió tener una visión clara de los delitos que mayor afectación le estaban provocando al país y a las instituciones que estaban sufriendo un gran impacto por temas de corrupción.
Fue precisamente este abordaje el que permitió sumar esfuerzos con diferentes entidades del Estado para lograr operativizar en el menor tiempo una causa de gran impacto como lo fue el caso Barrenador“, afirmó Villalta.
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Los fiscales que atendieron el caso, Alejandra Castro y su coordinador, Ronald Segura, destacaron que este expediente es de gran relevancia, puesto que las actuaciones surgen dentro de un marco legal de derecho administrativo y se estableció un grado de probabilidad de la comisión de hechos delictivos, gracias a la recopilación de un amplio elenco de pruebas.
“Este proceso ha remarcado la importancia y obligación que tienen los funcionarios públicos de cumplir con el principio de legalidad, es decir, de actuar conforme a lo que la ley les permite.
Ese deber que se tutela en el artículo 17 del reglamento de la Ley de Contratación Pública, que tienen los funcionarios y jerarcas de velar por el buen uso de los fondos públicos, evita que se lesione la Hacienda e interés público, ya que, de ser lesionado nos afecta a todos los ciudadanos”, manifestaron ambos.
El segundo caso destacado, denominado “Madre Patria”, indaga a un presunto grupo criminal supuestamente dedicado a cometer fraudes registrales y corrupción, con la colaboración de funcionarios públicos.
Respecto a este, la fiscal coordinadora de la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (FAEDO), Sharon Rodríguez, señaló que se trata de un fraude registral que expone el uso negativo de la fe pública por parte de los notarios, así como de la instrumentalización de sus funciones al servicio de la criminalidad organizada, afectando y provocando la pérdida del derecho de propiedad.
De acuerdo con Rodríguez, la causa ha dejado en evidencia cómo el ordenamiento socioeconómico se ve perturbado mediante la inserción de las ganancias del fraude registral en el sistema financiero y en la economía nacional.
La fiscal además destacó que existen varios puntos que le dan un alto perfil a la investigación, como la penetración de instituciones y la inseguridad jurídica provocada por los involucrados.
Se destaca “la corrupción en instituciones públicas, pues se demostró cómo algunos funcionarios públicos entre oficiales de tránsito, del Consejo de Transporte Público y del Poder Judicial, colaboraban activamente con la organización criminal”.
Además, “afectó la confianza en la función notarial y en el sistema registral, que es fundamental para garantizar la propiedad privada y la legalidad de las transacciones inmobiliarias”.
“Madre Patria” acumula al día de hoy 52 personas imputadas, de los cuales dos mantienen arresto domiciliario y 21 cumplen prisión preventiva como medida cautelar, incluyendo a un juez de la República.
En la lista de imputados también figuran abogados de alto perfil, funcionarios judiciales, testaferros y dos cabecillas extranjeros de origen español.
Aparentemente, conformaban una organización criminal que se dedicaba a fraudes registrales contra extranjeros y adultos mayores, para apropiarse de terrenos y posteriormente, legitimar el dinero mediante varios negocios como el transporte público de autobuses.
Transparencia Internacional (TI), organización internacional que respalda el Índice de la percepción de la corrupción para Costa Rica, es una entidad trasnacional que publica dicha medición mundial para promover medidas contra crímenes corporativos y corrupción política.
Source
José Adelio Murillo
