El Tribunal Penal rechazó las apelaciones; funcionarios seguirán fuera de sus cargos mientras avanza la investigación por corrupción.
Tribunal ratifica suspensión de Marta Esquivel y otros directivos
El Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública confirmó que Marta Eugenia Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), permanecerá suspendida de sus funciones. La resolución también afecta a Marielos Gutiérrez, gerente general, y a los directivos María Isabel Camareno, Johnny Gómez y Zeirith Rojas, quienes seguirán separados de sus cargos por un periodo de seis meses.
Esta decisión rechaza las apelaciones presentadas por los abogados de los implicados, quienes buscaban revertir las medidas cautelares impuestas el pasado 10 de octubre.
Los orígenes del Caso Barrenador
La investigación surge a raíz de denuncias sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos para la administración de 10 áreas de salud. Se estima que el supuesto sobrecosto de estas adjudicaciones asciende a unos ₡12.400 millones anuales.
El Ministerio Público, con apoyo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ejecutó 28 allanamientos en oficinas centrales de la CCSS, cooperativas vinculadas y residencias de los involucrados. Durante los operativos, las autoridades confiscaron ₡2 millones, $5.400 y €875, además de celulares y documentos clave para el caso.
Medidas cautelares y acusaciones
Las medidas cautelares impuestas incluyen la prohibición de comunicarse con 11 testigos identificados en el proceso. Esto se debe a pruebas presentadas por la Fiscalía, que indican posibles amenazas físicas y laborales contra al menos tres de los testigos.
El plazo de suspensión, que rige hasta el 6 de abril del 2025, fue considerado razonable por el juez para que el Ministerio Público concluya la investigación.
Además, ni Marta Esquivel ni Marielos Gutiérrez recibirán salario durante el tiempo de su inhabilitación. Esquivel, cuyo salario mensual asciende a ₡5.565.000, se suma a la lista de funcionarios con rebajos autorizados por la Dirección de Administración y Gestión de Personal de la CCSS. Por su parte, Gutiérrez percibía un salario bruto de ₡5.801.785, uno de los más altos en la institución.
La postura del gobierno y la defensa
El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, se manifestó tras conocerse la suspensión inicial en octubre, asegurando que el gobierno apelaría la decisión.
“Lo que corresponde es una apelación, porque hay una gran cantidad de contradicciones. Es temprano en este proceso”, afirmó Chaves en aquel momento.
Sin embargo, el rechazo de las apelaciones deja en firme las restricciones y obliga a la CCSS a continuar operando sin sus principales jerarcas durante la investigación.
Cooperativas y locaciones involucradas
Entre las entidades investigadas destacan varias cooperativas adjudicatarias de los servicios de salud en el país:
- Coopesalud: Administración de clínicas en Pavas y Desamparados 2.
- Coopesana: Encargada de los Ebais en Escazú, Santa Ana y San Francisco.
- Coopesiba: Operadora en San Pablo y Barva de Heredia.
- Coopesain: Administración de servicios en Tibás.
- Asemeco: Responsable de las áreas de La Carpio, San Sebastián y Paso Ancho.
Además de las oficinas de estas cooperativas, las autoridades realizaron allanamientos en las instalaciones de la CCSS y en residencias privadas, incluida la de Marta Esquivel en Barrio Escalante.
¿Qué sigue en la investigación?
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) continuará con la recolección de pruebas y entrevistas a testigos. La duración de las medidas cautelares podría extenderse si el proceso lo requiere, aunque el plazo inicial finaliza en abril del 2025.
Por ahora, la CCSS deberá operar con una estructura interina mientras el país sigue atento a los avances de uno de los casos de corrupción más relevantes de los últimos años.
