En un operativo realizado este miércoles, las autoridades detuvieron a cuatro oficiales de la Fuerza Pública y una funcionaria judicial por presuntos vínculos con una organización delictiva dedicada al narcotráfico, lavado de dinero y al menos dos homicidios.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llevó a cabo 24 allanamientos simultáneos en los cantones de Acosta y Aserrí, ambos en San José. El operativo contó con la colaboración del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT).
Narcotráfico y otros delitos
La organización criminal, que operaba principalmente en el sector de San Gabriel de Aserrí, se especializaba en la venta de cocaína y marihuana. Además, estaría involucrada en dos asesinatos ocurridos en la región:
•21 de noviembre de 2023: Homicidio en el sector de la Fila del Rosario, Aserrí.
•18 de junio de 2024: Asesinato en la localidad de Vuelta de Jorco, Aserrí.
También se presume que el grupo utilizaba las ganancias provenientes del tráfico de drogas para blanquear capitales mediante negocios como tiendas de ropa, zapaterías y barberías, entre otros.
Detenciones de funcionarios públicos
Entre los detenidos destaca una funcionaria judicial del Primer Circuito Judicial de San José, identificada como de apellido Valverde, y cuatro policías de la Fuerza Pública. Según los informes preliminares, estas personas habrían proporcionado información clave a la organización delictiva sobre operativos e investigaciones en curso, facilitando sus actividades ilícitas.
Los puntos allanados incluyeron delegaciones de la Fuerza Pública en Acosta y Aserrí, así como la oficina de la funcionaria judicial en San José.
Impacto del operativo
El desmantelamiento de esta red busca frenar la actividad delictiva en la zona y enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de la corrupción en el sector público. Las investigaciones continúan mientras las autoridades buscan esclarecer la magnitud de la red y sus operaciones.
Este operativo demuestra el compromiso del OIJ y las fuerzas de seguridad en combatir la infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas, un problema que afecta la confianza en las autoridades y la estabilidad en las comunidades afectadas.
Las autoridades aún no han revelado más detalles sobre el proceso judicial que enfrentarán los detenidos, pero reiteraron que continuarán trabajando para desarticular las redes criminales en el país.
