Un fallo del Tribunal Contencioso Administrativo ha generado un fuerte llamado de atención sobre la importancia de garantizar ambientes laborales libres de discriminación en Costa Rica. La sentencia condena a una entidad bancaria del Estado a pagar 10 millones de colones a un exfuncionario que fue víctima de acoso y burlas sistemáticas por su orientación sexual.
El caso, que tardó cinco años en resolverse, evidencia una serie de agresiones verbales y actitudes hostiles dirigidas contra el colaborador por parte de varios compañeros de trabajo. Entre los comentarios denigrantes que debió soportar se incluyen frases como “Ay, qué loca”, “a usted le gusta por delante o por detrás”, y otras expresiones cargadas de prejuicio, que fueron repetidas en distintas ocasiones sin que los superiores tomaran acciones efectivas.
Un entorno laboral tóxico con graves consecuencias
Según el expediente judicial, el acoso constante afectó profundamente la salud emocional y física del afectado. El hombre experimentó un deterioro significativo en su calidad de vida: padeció insomnio, ansiedad, pérdida de peso e incluso atravesó pensamientos suicidas. Lo que más agrava el caso, según el tribunal, es que la institución tenía herramientas para actuar y no las utilizó adecuadamente.
En un intento desesperado por escapar del maltrato, el extrabajador pidió un permiso sin goce de salario y abandonó el país. Posteriormente, obtuvo un estatus migratorio en Estados Unidos, al comprobar que su salida obedecía a una persecución por motivos de orientación sexual.
Una sentencia que sienta precedente
La resolución del Tribunal no solo ordena el pago de la millonaria indemnización, sino que también anula decisiones administrativas previas que desestimaban la denuncia. El fallo subraya la obligación de las instituciones públicas de garantizar entornos laborales seguros, inclusivos y respetuosos.
Además, este caso sienta un precedente jurídico en defensa de los derechos de las personas LGTBI dentro del sector laboral en el país, enviando un mensaje contundente sobre las consecuencias legales de ignorar situaciones de acoso o discriminación.
¿Qué deben hacer las empresas?
Especialistas en derecho laboral coinciden en que este caso debe servir como una alerta para el sector público y privado. No basta con tener reglamentos internos; es imprescindible aplicarlos, brindar canales eficaces de denuncia y asegurar la protección de las víctimas.
Este fallo reafirma el compromiso del Estado costarricense con los derechos humanos y el respeto a la diversidad, pilares esenciales para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
