El director de la cárcel La Modelo, el coronel en retiro Élmer Fernandez, de 57 años, fue asesinado este jueves en Bogotá mientras se desplazaba a su casa en horas de la tarde.
La noticia fue confirmada por el ministro de Justicia colombiano, Néstor Osuna, quien anunció un operativo para dar con los responsables del homicidio y aseguró que se reforzará la seguridad del Instituto Nacional Penitenciario Carcelario (Inpec).
Las imágenes del atentado muestran un auto de color oscuro con la marca de un disparo en una de las ventanillas que al parecer fue realizado por personas a bordo de una moto.
Hasta el momento se desconocen más detalles de lo ocurrido. Tampoco se sabe sobre la identidad de los responsables.
El coronel Fernández, quien se retiró de la policía en 2017 y ocupaba el cargo en La Modelo desde hace seis semanas, había recibido amenazas por sus intentos de reforma y control de la prisión, que incluían requisas constantes a los reclusos, según informó la prensa local.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó el asesinato y envió un mensaje de solidaridad a la familia de Fernández.
El coronel “había asumido el 4 de abril, estaba cumpliendo las órdenes de impartir disciplina y haciendo requisas aleatorias. Hoy es asesinado vilmente”, escribió Petro en su cuenta de X.
Se espera que su gobierno anuncie un plan de contingencia para las cárceles del país.
Daniel Gutiérrez, director del Inpec, dijo que el asesinato de Fernández es el hecho más grave, que han recibido 550 amenazas en dos años y que la institución “no tiene las capacidades para salvaguardar la vida de los funcionarios penintenciarios”.
Duro recuerdo de épocas oscuras
Análisis de José Carlos Cueto, corresponsal de BBC News Mundo en Colombia
Tiroteado en plena tarde y en medio de una vía pública.
Las condiciones del asesinato de Élmer Fernández, director de la cárcel La Modelo de Bogotá, están siendo un duro recuerdo de épocas más oscuras para los bogotanos.
A pocos kilómetros de la Avenida NQS con la calle 80, donde se produjo el homicidio, sicarios acabaron hace 40 años con la vida del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, quien libraba una guerra abierta contra el narcotráfico y el crimen organizado que entonces encabezaba el cartel de Medellín de Pablo Escobar.
Como Bonilla y otros funcionarios que murieron durante aquella época convulsa, Fernández también enfrentaba amenazas de muerte por su labor contra el crimen.
La escena del homicidio se llenó pronto de policías, ambulancias, periodistas y curiosos.
Desde medios de comunicación y canales oficiales se pidió paciencia a todos los conductores que debieron pasar por retenes policiales en una operación contrarreloj para atrapar a los implicados.
Con el paso de las horas, la conmoción inicial de los colombianos da paso a la indignación.
Muchos se preguntan cómo, si Fernández estaba amenazado de muerte, no contaba con suficientes esquemas de seguridad.
También cuestionan el estado de las cárceles del país, mirando con temor hacia otros países de América Latina donde se han convertido en centros de operaciones de facto de organizaciones criminales.
Tampoco faltaron las críticas a la gestión de Petro, quien prometió mejoras de seguridad y reformas carcelarias durante su ambiciosa campaña electoral.
Quedan muchas preguntas por resolver, pero hoy es de esos días en que se recuerda una realidad difícil de digerir: en Colombia sigue habiendo criminales que se atreven a desafiar al Estado.
Emergencia carcelaria
El asesinato de Fernández ocurre en medio de una emergencia carcelaria en Colombia.
Esta fue declarada a comienzos de febrero en “respuesta a los recientes casos de homicidios, atentados y amenazas contra el personal de guardia del Inpec en diferentes cárceles del país”, informó el Ministerio de Justicia en un comunicado
Es la cuarta emergencia de este tipo en la historia del país. La anterior fue en 2020 durante la pandemia de covid-19.
Con la medida, las autoridades buscan regular las visitas presenciales en las cárceles, tener mayor autonomía en la ejecución de los presupuestos y solicitar refuerzos de la fuerza pública para garantizar la seguridad de los centros penitenciarios y del personal a cargo.
Según informó el Inpec, “entre los antecedentes que llevaron a esta determinación, también se destaca un incremento del 41% en los casos de extorsión” y “se observa un aumento del 100% en los incidentes de seguridad relacionados con el personal penitenciario respecto al año anterior”, dice el comunicado.
La cárcel La Modelo, que tiene capacidad para 2.900 presos, fue también noticia durante la pandemia debido al hacinamiento, cuando se presentaron fuertes disturbios en los que 23 personas murieron y 83 resultaron heridas.
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