Fiscalía apelará resolución de jueces que dejan sin medidas cautelares a directora de Montessori de apellido Rojas
La Fiscalía apeló la resolución del Juzgado Penal de Goicoechea que dejan sin medidas cautelares a Rojas García, directora del Montesori Community School en Moravia y quien es sospechosa de cometer el aparente delito de tortura contra menores que estudiaban en el centro.
De acuerdo con el Ministerio Público, la institución está a la espera de que el Tribunal Penal programe una nueva audiencia.
“En respuesta a su consulta, la Fiscalía Adjunta de Atención de Hechos de Violencia en perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes confirmó que solicitó medidas cautelares en contra de la imputada, sin embargo, la petición fue rechazada por el Juzgado Penal de Goicoechea.
El Ministerio Público apeló la resolución, por lo que se está a la espera de que el Tribunal Penal programe una nueva audiencia, en la que se reiterará la solicitud”, indicaron en la Fiscalía ante una consulta de crhoy.com.
Las medidas cautelares solicitadas por esa institución fueron:
– Prohibición de salir del país sin autorización
– Entrega del pasaporte
– Firmar cada dos semanas en la Fiscalía
– Prohibición de acercarse a los denunciantes y testigos
– Prohibición de perturbar, molestar, amenazar, coaccionar a las víctimas y testigos.
– Prohibición de comunicarse con ninguna de las partes del proceso.
– Prohibición de acerarse a centros de estudios en los cuales se encuentren matriculados los menores de edad víctimas.
– Prohibición de publicar en redes sociales o cualquier medio informático sobre la presente investigación y/o relacionada con las personas victimas y/o denunciantes.
Desde el 18 de noviembre pasado, crhoy.com dio a conocer las acusaciones de algunas familias contra la directora por presunta agresión a sus hijos.
De momento, en el Ministerio Público han recibido 32 denuncias contra Rojas. Así lo explicó esa institución a crhoy.com.
En el expediente judicial en el que este medio tiene copia se revelan las supuestas atrocidades vividas en el centro educativo por parte de la directora.
Una docente de esa institución privada declaró al Organismo e Investigación Judicial (OIJ), que la mujer obliga a los niños “a comerse su propio vómito”.
“Ella obliga a los niños a comer a la fuerza hasta vomitar, e inclusive si vomitan los hace comer su propio vómito; los prensa con sus piernas, les ha roto la boca con la cuchara y ha manifestado que no soporta escuchar llorar a los niños y los calla. En ocasiones también ha dejado sin comer a varios niños”, comenta la mujer en el expediente.
Este medio habló con una de las docentes que declararon ante el OIJ y ella aseguró que la directora elegía a los bebés que aún no saben hablar o incluso a los niños que tienen problemas de comunicación para agredirlos.
“Ella le hace eso a los pequeños que no saben hablar, también se los hace a los que tienen autismo y que no saben comunicarse. Ella (la directora) tiene en el primer piso todo preescolar y ‘baby center’ y en segundo piso tiene a toda la primaria. La directora se la pasa solo en el primer piso con los pequeños. Rara vez sube a primaria”, indicó la docente.
A través de una carta enviada a los padres de familia el primero de diciembre, ella anunció que el centro educativo cerraría sus puertas.
Crhoy.com tiene una copia del documento firmado por Rojas.
“A nuestros estimados clientes y comunidad: Con un profundo sentido de gratitud y emoción, nos dirigimos a ustedes para compartir un importante anuncio. Después de 15 años de trabajo, dedicación y servicio, he tomado la difícil decisión de cerrar definitivamente las puertas de la institución.
Esta decisión no ha sido fácil, pues nuestra labor durante estos años ha estado marcada por el compromiso, el esfuerzo colectivo y, sobre todo, el apoyo invaluable de todos ustedes”, escribió Rojas a través de la carta.
Meses atrás, la abogada de la investigada envió un comunicado a este medio diciendo que “demostrarían la inocencia” de ella.
“Desde la creación de la institución, mi representada ha seleccionado de manera rigurosa al personal encargado de los menores, manteniendo protocolos estrictos que resguardan la seguridad e integridad de los estudiantes. A partir de las denuncias anónimas realizadas por ex funcionarias de la institución, y la campaña impulsada por redes sociales, mi representada se puso a las órdenes de las autoridades correspondientes para colaborar en toda la investigación, que aclare esta situación.
En este tiempo ella estará enfocada con el en la defensa de esta situación, por lo que la institución seguirá funcionando con normalidad a cargo del personal docente y una coordinadora. Como bien se conoce y en respeto por la normativa procesal nos vemos impedidos de manifestar detalles de la causa, únicamente aclarar que ejerceremos la defensa en la cual demostraremos la inocencia en esta investigación”, manifestó Alejandra Araya, abogada de la directora.
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Rebeca Ballestero
