La Corte Suprema de Estados Unidos examina este martes un recurso contra una ley utilizada para presentar uno de los cargos que pesan sobre el expresidente Donald Trump y cientos de sus seguidores que participaron en el ataque al Capitolio en enero de 2021.
El fiscal especial Jack Smith ha acusado a Trump, de 77 años, de cuatro delitos federales en Washington por su presunto intento de alterar los resultados de las elecciones de 2020 que perdió contra el demócrata Joe Biden.
Algunos de los magistrados conservadores de la corte se mostraron escépticos sobre la presentación de cargos por obstrucción contra Trump y algunos de los participantes en el asalto al Capitolio.
El candidato presidencial republicano está acusado de conspiración para defraudar a Estados Unidos, para obstruir un procedimiento oficial y para negar a los estadounidenses el derecho a votar y a que sus votos sean contados.
También está acusado de obstrucción de un procedimiento oficial: la sesión del Congreso del 6 de enero de 2021 celebrada para certificar la victoria de Biden.
Joseph Fischer, un expolicía, es uno de los cientos de simpatizantes de Trump que están siendo procesados o ya han sido condenados por este último cargo de obstrucción. Él quiere que se desestime, lo que podría tener un efecto en cadena en todos los casos, incluido el de Trump.
Un juez federal designado por Trump acordó desestimar el cargo de obstrucción, a petición de Fischer, alegando que la ley está destinada a procesar delitos financieros como el caso Enron y no se aplica a su conducta el 6 de enero.
Una corte de apelaciones federal revocó la sentencia.
La Corte Suprema, en la que seis de sus nueve magistrados son conservadores, incluidos tres nombrados por Trump, examinó durante 90 minutos el recurso de Fischer.
Jeffrey Green, abogado de Fischer, dijo a los jueces que “intentar detener un recuento de votos o algo así es un acto muy diferente a cambiar o alterar realmente un documento”, como se utilizó la ley en el caso Enron.
La jueza Sonia Sotomayor se opuso a la interpretación que Green hace de la ley.
“Hay un cartel en el teatro: te echarán del teatro si fotografías o grabas a los actores o interrumpes de cualquier otra forma la representación”, dijo Sotomayor. “Si empiezas a gritar, creo que nadie cuestionaría que se puede esperar que te echen en virtud de esta política, aunque gritar no tenga nada que ver con fotografiar o grabar”.
“No es la forma en que obstruyes, es el hecho de que has obstruido”, dijo.
El magistrado conservador Neil Gorsuch expresó su preocupación por la posible aplicación de la ley.
“¿Se aplicaría a una sentada que interrumpe un juicio o el acceso a un tribunal federal?”, preguntó Gorsuch. “¿Se aplicaría a una persona que abuchee durante la audiencia de hoy?”. “¿Están todos esos delitos federales sujetos a 20 años de prisión?”, se preguntó.
La consejera jurídica de la administración del presidente Biden, Elizabeth Prelogar, dijo que los ejemplos no eran comparables con lo que sucedió el 6 de enero.
“Se trata de una postura fundamentalmente diferente a la de si hubieran irrumpido en esta sala, excedido con la policía de la Corte Suprema y obligado a los jueces y otros participantes a huir por su seguridad”, dijo Prelogar. En el caso de Fischer, añadió, él “tenía la intención específica de impedir que el Congreso certificara la votación”.
Prelogar también señaló que, de las 1.350 personas involucradas en el asalto al Capitolio, sólo unas 350 fueron acusadas de obstrucción.
Se espera que la máxima autoridad judicial del país emita un fallo en junio o principios de julio, unos cuatro meses antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, en las que se espera que Trump se enfrente nuevamente a Biden.
Retrasar el juicio
El juicio de Trump por los cargos de interferencia electoral estaba programado para el 4 de marzo, pero se ha suspendido en espera de que la Corte Suprema examine la afirmación de Trump de que, como expresidente, tiene inmunidad penal. Lo hará el 25 de abril.
Hay cuatro casos penales que pesan sobre Trump y el lunes comenzó en Nueva York la selección del jurado en el primer juicio penal de un expresidente, en este caso por falsificar registros comerciales para encubrir una presunta relación extramatrimonial con una actriz porno.
Sus abogados intentan por todos los medios retrasar los casos judiciales hasta después de las elecciones de noviembre, cuando, si gana, cabe la posibilidad de que se puedan retirar los cargos federales en su contra.
