El viernes (25.07.2025), la Cámara Alta de Rusia aprobó una nueva ley de censura que introduce multas para cualquiera que sea sorprendido buscando o accediendo a contenidos oficialmente etiquetados como “extremistas”. La amplia legislación no se detiene ahí, sino que también impone sanciones por promover los servicios de VPN, herramientas en las que muchos rusos confían para eludir la censura del gobierno y acceder a información bloqueada.
Después que la Cámara Baja de Rusia, la Duma Estatal, aprobara la ley el 22 de julio, un pequeño grupo de personas protestó frente al Parlamento ruso por primera vez en mucho tiempo. Una de las pancartas decía: “Por una Rusia sin censura. Orwell escribió una distopía, no un manual”, en referencia al libro 1984. Otro manifestante fue Boris Nadezhdin, quien se esperaba que fuera el único candidato liberal en las elecciones presidenciales de 2024. En ese momento, la comisión electoral se negó a registrar su candidatura.
“La primera etapa fue prohibir sitios web. Ahora están prohibiendo a la gente buscar en internet. Esto ya se acerca al delito de pensamiento”, dijo a DW, en alusión a la misma novela de Orwell y a su tema central: los ciudadanos son castigados por pensar de forma diferente al Estado.
¿Qué se considera contenido “extremista” en Rusia?
Según el proyecto de ley, el simple hecho de buscar en internet los denominados “materiales extremistas” se considerará ahora una infracción administrativa, punible con una multa de hasta 55 euros (64 dólares). Anteriormente, el castigo requería algún tipo de interacción con el material prohibido, como publicar un comentario crítico en redes sociales.
Lo que se considera material extremista se define en una lista que mantiene el Ministerio de Justicia de Rusia. Actualmente contiene más de 5.000 entradas. Los funcionarios y legisladores afirman que la ley se dirige a quienes buscan sistemáticamente contenidos prohibidos, no a los ciudadanos medios que navegan de forma ocasional, pero no han aclarado qué se entiende por búsquedas sistemáticas.
El registro incluye folletos, panfletos, libros, periódicos, películas, videoclips, obras de arte visual y canciones. En teoría, está destinado a incluir contenidos que incitan al odio interétnico, así como escritos de líderes del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán y del partido fascista italiano. En realidad, la lista también incluye obras que critican al gobierno o se pronuncian en contra de las autoridades.
La lista de “extremistas” crece en Rusia
La ley ha provocado una protesta pública generalizada y hasta figuras normalmente favorables al Kremlin han publicado mensajes críticos en redes sociales. Margarita Simonyan, por ejemplo, redactora jefa de la cadena estatal rusa RT, se quejó de que la nueva ley le impediría investigar y “desenmascarar” a las organizaciones extremistas.
Desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, las autoridades han añadido a su lista de extremistas y terroristas a decenas de rusos y organizaciones destacados que critican la guerra. Entre ellos se encuentran escritores, músicos, periodistas y blogueros populares, como el escritor Boris Akunin y el presentador de televisión Alexander Nevzorov.
El vicepresidente de la Duma estatal, Sergei Boyarsky, del partido conservador gobernante Rusia Unida, trató de tranquilizar a los ciudadanos esta semana, al afirmar que el uso de las redes sociales de Meta o la búsqueda de materiales creados por personas declaradas extremistas no sería castigado. Según él, las multas solo se aplicarían a las búsquedas de contenidos oficialmente clasificados como extremistas.
En realidad, es difícil predecir cómo aplicará la policía rusa la nueva ley. “Todo dependerá de la persona concreta que lleve el uniforme y a la que se le haya otorgado el poder de interpretar tu culpabilidad”, declaró a DW Dmitry Zair-Bek, director del proyecto jurídico de derechos humanos Pervy Otdel. Según él, es probable que los teléfonos de los rusos sean cada vez más controlados durante las inspecciones fronterizas, como ya está ocurriendo.
Al menos 10.000 presos políticos
Desde el inicio de su invasión a Ucrania, Rusia ha endurecido severamente las restricciones a la libertad de expresión, como la prohibición de difundir lo que considera “información falsa” sobre la guerra y el endurecimiento de las designaciones de “agente extranjero” para los medios de comunicación y organizaciones que se consideran políticamente activas con la ayuda de financiamiento extranjero.
El Comité de Investigación Ruso reportó 605 casos en virtud de dos nuevos artículos del Código Penal: uno por difundir “noticias falsas” sobre el ejército ruso y otro por “desacreditar” a las fuerzas armadas. En virtud de estas leyes, se ha multado o encarcelado a ciudadanos rusos por calificar las acciones de Rusia en Ucrania como guerra, en lugar de “operación militar especial”, así como por publicar información sobre acontecimientos como la matanza de civiles por parte de soldados rusos en la localidad ucraniana de Bucha.
A finales de 2024, la organización de derechos humanos Memorial precisó que al menos 10.000 presos políticos estaban detenidos en toda Rusia. Cuando Vladimir Putin firme esta nueva ley, el número de personas castigadas por ejercer la libertad de expresión podría aumentar significativamente.
