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El informe final de la investigación desarrollada por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), no solo encontró la existencia de 2 estructuras paralelas de financiamiento que sufragaron irregularmente gastos de la campaña presidencial de Rodrigo Chaves Robles.
Las indagaciones, revisiones y análisis hechas por las autoridades electorales, también permitieron detectar posibles anomalías con los certificados de cesión de la contribución estatal.
Estos bonos son instrumentos financieros que permite a los partidos políticos que participan en las votaciones nacionales, hacer frente a sus obligaciones y gastos, al recibir dinero o contribuciones en especie, con la promesa de retribuir con fondos públicos, según el resultado electoral.
En términos sencillos funcionan de la siguiente forma: Los partidos políticos pueden sacar cierta cantidad de bonos tipo A, B o C y demás (también se les conoce como certificados de cesión). Estos tienen un valor, que puede ser de 100 mil colones por ejemplo.
El financiamiento se da en dos vías: Ya sea porque se usan estos bonos para pagar a proveedores durante la campaña y, una vez termine la contienda, dependiendo de la cantidad de dinero que reciban los partidos por concepto de deuda política, los proveedores cobran esos bonos con los que les pagaron.
La segunda vía es que financistas compren esos bonos y después los intercambian con la deuda política. Así los partidos obtienen financiamiento anticipado.
Eso sí, si el partido no tiene acceso a deuda política porque no alcanzó ni un diputado en el Congreso ni el 1% de los votos válidos en las elecciones, entonces esos bonos de deuda quedan valiendo nada.
Por otro lado, se van pagando según prioridad y hasta que la plata alcance: primero se pagan los bonos A, luego los B y así sucesivamente. El TSE ha manifestado que esta es una forma muy cuestionable de financiar las campañas electorales y ha solicitado en el Congreso modificaciones.
Pese a ser una herramienta financiera muy comúnmente utilizada por las agrupaciones partidarias, los certificados de deuda de la campaña del hoy mandatario y del Partido Progreso Social Democrático, mostraron cierta concentración de los recursos en no muchas manos, algunos descuentos que les permitieron ganancias con dinero estatal y además, posibles irregularidades en los registros, uso y administración.
Así lo revela el informe final de investigación realizado por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en manos de crhoy.com.
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Anomalías
Los investigadores del TSE no solo realizaron un recuento de los datos y registros del Partido Progreso Social Democrático, que llevó al mandatario Chaves al poder, sino que también realizaron una serie de estudios de solvencia practicados a financistas y donantes.
Los análisis permitieron identificar presuntas donaciones por interpósita mano, personas con restricción contribuyendo a nombres de terceros, asociadas a también a las estructuras paralelas de financiamiento.
También se detectó la eventual colocación indebida de certificados de cesión de la contribución estatal.
Es decir, se presume que no hubo una absoluta transparencia en la utilización de esta herramienta de financiamiento, y que también hubo ligámenes entre el uso de estructuras paralelas y el dinero reclamado al Estado, como parte de la contribución electoral.
Y es que justamente, la venta o colocación de estos certificados fue la mayor fuente de recursos utilizados por el PPSD y el comando de campaña de Chaves, para cubrir los gastos asociados a la contienda democrática del 2022.
El informe también califica como “llamativo” la gran utilización de donaciones en especie reportadas por la agrupación política desde julio del año 2021.
El PPSD, a través de su Comité Ejecutivo Superior, realizó una emisión de certificados de cesión, series A, B y C, para financiar su campaña en el proceso electoral nacional de 2022, por un monto que asciende a ₡2.750 millones.
Es decir, la campaña del entonces candidato Rodrigo Chaves, pretendía negociar con personas este multimillonario monto en total, a cambio de dinero líquido, compras o que asumieran otros gastos, y que posteriormente sería devuelto con fondos públicos.
Progreso emitió en total 1.500 certificados serie A, cuyo valor unitario era de ₡1 millón de colones cada uno. Con estos pretendía recaudar ₡1.500 millones en dinero y pago de gastos.
Los 2 mil bonos serie B que emitieron, tenían un valor unitario de medio millón de colones, por un monto total de ₡1.000 millones. Finalmente, la agrupación se planteó obtener ₡250 millones con 5 mil bonos de ₡50 mil cada uno.
A partir de los reportes de emisión y colocación de certificados de cesión de la contribución estatal presentados por Progreso Social Democrático entre octubre de 2021 y abril de 2022, se determinó que un total de 172 ciudadanos costarricenses adquirieron el 97% del valor total de estos instrumentos financieros serie A.
No obstante, tras la revisión del registros de colocación aportados por el mismo partido, el TSE identificó ₡14 millones en certificados sin datos, ₡12 millones en certificados nulos y ₡11 millones en certificados bajo la consigna de vacío, sin información disponible.
Fue hasta después que Progreso y la campaña de Chaves actualizaron sus registros, que algunas de estas inconsistencias se fueron corrigiendo en fechas posteriores.
Quienes recibieron estos bonos de fondos públicos, lo hicieron a través de una compra directa, pagando algún contrato o facturas, y como pago de préstamos. El siguiente gráfico muestra la proporción.
El último reporte de la colocación de certificados fue remitido hasta agosto del año pasado, casi 2.5 años después que cerró la contienda electoral.
En dicho documento se registró que un total de 12 ciudadanos costarricenses adquirieron el 91,95% del valor total facial de los bonos serie B, mediante la venta o garantía de créditos.
Asimismo, se encontró que un conjunto de certificados por un monto facial equivalente a ₡80 millones, se encuentran registrados “en tesorería”, según se muestra en el siguiente gráfico elaborado por crhoy.com a partir del informe de investigación.
Alertas bancarias y transferencias sospechosas
El uso de estos certificados por parte de la campaña de Progreso y su candidato Chaves, llevó al Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos a abrir investigaciones adicionales, raíz de indicios obtenidos en el transcurso de la investigación principal sobre las estructuras paralelas de financiamientos.
Por ejemplo, el 24 de enero de 2023, se aperturó un estudio especial sobre la presunta adquisición de bonos del PPSD, por parte de un extranjero, a través de un tercero nacional llamado De Sheng Lin Hu.
Cabe recordar que el aporte económico de personas no costarricenses en las elecciones, está prohibido por el Código Electoral.
Justamente esto derivó en el hallazgo de alerta bancaria sobre una actividad sospechosa, en beneficio del Partido Progreso y sus candidatos, entre los cuales figuraba quien hoy gobierna el país, Rodrigo Alberto de Jesús Chaves Robles.
El 29 de marzo de 2022, el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos recibió una comunicación de la Subgerencia Banca Corporativa del Banco de Costa Rica (BCR), en la que reveló ciertas transacciones observadas en las cuentas bancarias de la agrupación política.
Ese mismo día, el vicepresidente Stephan Brunner, en ese entonces tesorero propietario del partido, depositó dos cheques de gerencia por un monto global de ₡100 millones.
El ordenante de un cheque por ₡70 millones fue De Sheng Lin Hu, sumado a otro por ₡30 millones emitido por el BAC San José, sin que se conociera la identidad del ordenante.
Tan solo 2 días después, el BCR detectó de nuevo un comportamiento que generó un reporte, asociado al PPSD y, en particular, respecto del señor De Sheng Lin Hu.
Específicamente, la oficina comercial del Banco de Costa Rica en la Clínica Bíblica informó a la Subgerencia Banca Corporativa que:
“El día de hoy nuevamente se presentó el cliente Lin Hu De Sheng cédula [PROTEGIDO] a solicitar un cheque de gerencia por la suma de ₡50,000,000.00 el cual se emite como beneficiario el Partido Progreso Social democrático (sic) cedula (sic) 3-110-794286 indicando que es para la compra de bonos. Este es el segundo cheque se emite esta semana (sic) el anterior fue por un monto de ₡70,000,000.00 (sic)
Se revisa la cuenta del cliente y se nota que en ambas ocasiones la mayor parte del monto es ingresado al BCR por medio de transferencia SINPE de otra entidad, indicando como motivo regalo a mi hijo. Cabe mencionar que la cuenta que se está utilizando para hacer las transacciones no tenía movimientos desde el mes de setiembre del 2019”.
De esta forma, este financista utilizó una cuenta que tenía años sin transacciones, para recibir mediante transferencias SINPE, montos millonarios que después trasladaría a la campaña de Rodrigo Chaves.
El análisis de la información facilitada por el Banco de Costa Rica, sugirió al TSE la posible adquisición de certificados de cesión de la contribución estatal por interpósita mano y, en particular, de personas extranjeras, dado que el señor Zufan Lin y la señora Weiwen Hu, progenitores registrados de Lin Hu, no ostentan la condición de nacionales, según consta en la base de datos de consulta pública del Registro Civil.
Esa movida podría infringir las disposiciones de los artículos 116 y 128 del Código Electoral, y potencialmente configurar los delitos penales tipificados en esa misma ley.
El informe al cual crhoy.com tuvo acceso, no revela el resultado final de esa investigación, dado que las conclusiones serán remitidas en un expediente aparte.
De forma similar, el 15 de abril de 2024, se inició otro estudio especial sobre la colocación de certificados de cesión de la contribución estatal a nombre del Feng Liang Zheng Zheng.
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Amplia investigación y posibles castigos de cárcel
El informe final culminado por el TSE a finales del año pasado y secuestrado por la Fiscalía General este pasado enero, comprueba la existencia de un fideicomiso, el cual fue constituido el 25 de febrero de 2021 por la agrupación “Costa Rica Próspera” y que nació con el objetivo de potenciar las aspiraciones políticas de Rodrigo Alberto de Jesús Chaves Robles.
La investigación apunta que, aunque no tuviera ese objetivo, finalmente sí sirvió como estructura paralela de financiamiento en beneficio del partido Progreso Social Democrático (PPSD), durante la contienda de las elecciones nacionales de 2022.
Incluso, de previo a la ratificación de la candidatura presidencial del hoy mandatario, la cual ocurrió el 4 de julio de 2021, durante la investigación se identificaron gastos puntuales que tenían por objetivo favorecer el accionar político de la agrupación conformada.
El informe también revela que entre el 2 de setiembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022, operó una segunda estructura paralela de financiamiento a favor de Progreso Social Democrático y en particular, de las candidaturas a la presidencia de la República de Chaves, así como la aspiración de Waldo Agüero Sanabria para ocupar una curul en la Asamblea Legislativa.
En esa segunda estructura participaron al menos, el banquero Jack Loeb Casanova y Sofía Agüero Salazar, hija del hoy congresista. En total, a través de este esquema se gestionaron más de ₡12 millones y $208.844, en gastos de naturaleza político-electoral.
Estos movimientos que no fueron revelados, ni íntegra ni fehacientemente por el partido oficialista, en sus informes financieros-contables intermedios, ni anuales, detalla el informe.
Los hechos atribuidos a los implicados no solo serían faltas administrativas, sino delitos de tipo penal que son castigados por el Código Electoral con penas de cárcel, según cada acción ilícita.
Por ejemplo, mandatario Rodrigo Chaves Robles habría incurrido en al menos 3 delitos electorales durante la contienda que lo llevó al poder y se podría exponer a varias penalizaciones de hasta 6 años de cárcel cada una, por infringir las normas respecto al financiamiento de campañas.
Además del gobernante, otros 14 investigados habrían incurrido en hasta 12 delitos en total.
Los financistas
Crhoy.com pone a disposición de la ciudadanía, la lista de los principales contribuyentes y financistas de la campaña de Rodrigo Chaves Robles y el Partido Progreso Social Democrático, quienes adquirieron certificados de tipo A.
Asimismo, se muestran a continuación los principales adquirientes de bonos tipo B, con los cuales se financiaron los gastos de la campaña del actual mandatario, así como de la agrupación política que lo llevó a Casa Presidencial.
Source
José Adelio Murillo
