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La lucha contra la inseguridad y la desigualdad son las principales deudas del gobierno de Rodrigo Chaves Robles.
Así lo concluyó la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica (UCR) en su más reciente análisis de coyuntura política nacional, titulado “Otro año de show presidencial, creciente criminalidad y campaña electoral permanente”.
La investigación señala que el país está “rumbo al precipicio” frente al crimen organizado y que el Estado se percibe “debilitado” en su accionar para enfrentarlo.
Además, cuestiona la falta de diálogo entre el Gobierno y el Congreso y la demora, por parte del presidente Chaves, en la firma de leyes a mediados de año para contener el crimen.
“La violencia del crimen organizado se ha expandido por todo el país. El Poder Ejecutivo sigue sin contener el aumento de homicidios y crímenes ocurridos. El presidente Chaves y su Administración no han sido capaces de negociar con la Asamblea Legislativa los proyectos de seguridad, pese a que el Congreso aprobó 21 nuevas leyes para combatir la delincuencia. Varios de esos proyectos se han retrasado en su implementación porque el presidente demoró en su firma”, señala el documento de la investigación.
Alerta por supuesta infiltración del narcotráfico
El informe también hace mención a los señalamientos de algunos actores políticos acerca de la presunta infiltración del narcotráfico en el Estado costarricense y del desmantelamiento de la Academia Nacional de Guardacostas.
En ese sentido, el informe destaca la investigación que lleva a cabo la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa para dilucidar estos cuestionamientos.
“Debido a los dos casos de desmantelamiento de guardacostas en el Pacífico Central y la Zona Sur, así como las constantes denuncias policiales sobre el debilitamiento de la lucha contra el narcotráfico, los reportajes periodísticos que ligan al gobierno con el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación y los recortes presupuestarios a seguridad, fue que la Asamblea Legislativa decidió abrir una investigación sobre posibles nexos del Poder Ejecutivo con el narcotráfico. La Comisión de Seguridad y Narcotráfico será la encargada de hacer la investigación y realizar un informe con los hallazgos”, dice el informe.
También, la investigación alerta sobre la necesidad de analizar la dinámica de “reactivación económica” impulsada presuntamente por actividades ilícitas en la actual coyuntura.
Según el informe, la más reciente Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) ofrece algunos datos importantes en ese sentido
El trabajo autónomo, comúnmente relacionado con actividades informales, es la mayor fuente de incremento interanual en el ingreso promedio de los hogares, con un crecimiento del 9,1%.
El ingreso proveniente de salarios crece muy por debajo del trabajo autónomo: un 4,7%.
El incremento interanual en el ingreso de los hogares en zona rural es superior al de zona urbana: 8,8% frente a 6,3%.
El crecimiento del ingreso de los hogares rurales se vio fuertemente impulsado por los ingresos de tipo autónomo. Estos crecieron un 26,7% en la zona rural, frente al 4,3% de la zona urbana.
Las dos regiones que, con diferencia, registran mayor crecimiento en el ingreso de los hogares son la Región Brunca y la Región Pacífico Central. En ambas el crecimiento excede el 22%.
“Según estos datos, el mayor crecimiento en el ingreso de regiones con menores flujos de inversión extranjera directa, la disminución del desempleo atribuible a la expulsión de personas del mercado laboral y la mayor importancia estadística de actividades autónomas en la renta de las familias daría cuenta del dinamismo de la economía ilícita en la coyuntura reciente del país”, dice el estudio.
El informe de esta ocasión también determinó que el Poder Ejecutivo y el oficialismo apuestan a una “bukelización” de Costa Rica y esto queda en evidencia con la tendencia del Gobierno y sus diputados de impulsar una mayoría legislativa en 2026 que permita implementar “cambios profundos” sobre la administración de la justicia en el país, de forma similar a lo sucedido en El Salvador tras los comicios legislativos de 2021.
Source
Carlos Mora
