El expresidente de Bolivia, Evo Morales, dijo este martes ser “víctima de una brutal guerra jurídica” orquestada por el actual mandatario y exaliado Luis Arce, luego de que la fiscalía ordenara su detención el lunes por un caso de presunto abuso a una menor cuando ejercía el poder.
“Denuncio al mundo que soy víctima de una brutal Guerra Jurídica (lawfare) ejecutada por el Gobierno de Luis Arce que se comprometió a entregarme como trofeo de guerra a EEUU”, escribió Morales en X.
El Ministerio Público pidió la detención de Morales, de 65 años, por el delito de “trata” de menor, a raíz del presunto arreglo con los padres de una adolescente de 15 años. Junto a la imputación, el organismo solicitó “la medida excepcional de prisión preventiva por seis meses en una cárcel pública”.
Morales se encuentra resguardado con el apoyo de sus partidarios en el trópico de Cochabamba, su fortín político, y no se entregará a la justicia, según dijo su abogado, Nelson Cox, a la agencia AFP.
“Evo Morales va a permanecer por su seguridad en el trópico de Cochabamba (…). El Gobierno lo tiene jurado, si no puede detenerlo, asesinarlo a Evo Morales, entonces es nuestro deber, nuestra obligación de cuidarla, resguardarla y protegerla (la vida del exmandatario)”, señaló el senador del MAS Leonardo Loza, afín a Evo Morales, en declaraciones recogidas por el diario El Día.
Morales siempre se ha referido a la investigación penal como una “mentira más” urdida por el gobierno de Arce, para destruirlo políticamente. Pese a que la justicia lo inhabilitó para ser de nuevo candidato presidencial, el exmandatario insiste en su intención por competir en las elecciones de 2025.
Inhabilitar su candidatura para 2025
La defensa del expresidente Morales, por su parte, insistió el martes en que la investigación en su contra por presunta trata de personas es un caso “armado” y “político” con el que se busca inhabilitar su candidatura a las elecciones generales de 2025.
Un día después de que la Fiscalía presentara la imputación formal de este caso, los abogados Cecilia Urquieta y Marcelo Galván, que son parte de la defensa de Morales, explicaron a los medios en La Paz que el proceso contra el exmandatario está “viciado de irregularidades” y “vulneraciones a los derechos fundamentales”.
“Se trata de un proceso armado, un proceso político que es parte de esta guerra judicial que se ha iniciado en contra del hermano Evo Morales”, señaló Urquieta en declaraciones recogidas por la agencia Efe.
A su turno, Galván repasó las acciones de la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, que investiga el caso, e indicó que todos los actos realizados hasta el momento “tienen vicios de nulidad absoluta”, por lo que “no se puede continuar con el proceso”.
