El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, no se presentó este miércoles a un interrogatorio para el que lo había citado la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO por sus siglas en inglés), en relación con su declaración de la ley marcial el pasado 3 de diciembre.
El lunes Yoon había sido citado por el equipo conjunto de investigación, formado por la policía, el CIO y la unidad de investigación del Ministerio de Defensa, para que se presentara al interrogatorio en la sede del organismo anticorrupción en Gwacheon (al sur de Seúl).
Yoon ya evitó presentarse a una primera citación el pasado domingo con la Fiscalía surcoreana, que también lo investiga de manera paralela por su decisión de decretar el estado de excepción a principios de mes argumentando el peligro que suponía la oposición para la democracia nacional.
Podrían solicitar su arresto
La Fiscalía ha enviado una segunda citación y ha advertido que si Yoon decide no presentarse antes del 21 de diciembre estudiará solicitar una orden de arresto.
El CIO está meditando enviar también una segunda citación, informó hoy la agencia Yonhap, e incluso está analizando si la situación le permitiría solicitar también una orden de arresto, competencia que en principio solo corresponde a los fiscales.
Entretanto, representantes de ambos equipos de investigación han señalado estos días que los servicios de seguridad presidencial están a su vez devolviendo las citaciones que reciben.
Inmunidad no cubre casos de insurrección
A Yoon, al que se ha prohibido salir del país, así como a otros miembros de su Gabinete -como el exministro de Defensa Kim Yong-hyun, que permanece en prisión preventiva- y altos cargos militares y policiales se les investiga por presuntos delitos de amotinamiento, abuso de poder o insurrección.
Este último es el más grave de ellos y puede suponer el arresto de Yoon, ya que ni siquiera la inmunidad presidencial prevalece en casos de insurrección, delito que, para aquellos a los que se considera líderes del levantamiento, se salda con cadena perpetua o pena de muerte (sobre la cual exista una moratoria en Corea del Sur desde 1997).
Yoon fue destituido el sábado por el Parlamento y su futuro depende ahora de lo que decida el Tribunal Constitucional, que tiene un máximo de seis meses para determinar si el presidente violó o no la Carta Magna al implementar la ley marcial y si, por lo tanto, debe ratificarse su cese o debe ser restituido en el puesto.
