Estados Unidos informó este martes que abrirá una investigación al gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega debido a los “ataques represivos” contra los derechos laborales.
El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden “está preocupado porque Nicaragua lleva a cabo ataques represivos y persistentes contra los derechos laborales, los derechos humanos y el estado de derecho”, afirma la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) en un comunicado.
Estos actos “perjudican a los propios trabajadores y ciudadanos de Nicaragua, socavan la competencia justa y desestabilizan nuestra región”, acusa la representante de Comercio estadounidense Katherine Tai, citada en la nota.
Su oficina “investigará a fondo” los “actos, políticas y prácticas que puedan violar los derechos laborales, los derechos humanos y desmantelar el estado de derecho que puedan afectar al comercio de Estados Unidos”.
Washington cita arrestos y encarcelamientos por motivos políticos, represión de grupos religiosos y oenegés, asesinatos extrajudiciales, trato cruel, restricciones a la libertad de expresión y de movimiento, represión de la libertad de negociación colectiva, trabajo forzado, trata de personas, eliminación de la independencia legislativa y judicial, incautaciones espurias de propiedad, multas y fallos arbitrarios.
Estas acciones “exacerban la explotación laboral y disminuyen el crecimiento económico y las oportunidades comerciales”, afirma USTR, que llevará a cabo “una audiencia pública” sobre la investigación, emprendida bajo la sección 301 de la ley de comercio de 1974.
Esta sección aborda prácticas extranjeras desleales que afectan al comercio estadounidense.
La relación entre Estados Unidos y Ortega, un exguerrillero en el poder desde 2007, es especialmente tensa desde las elecciones nicaragüenses de 2021, consideradas fraudulentas por la comunidad internacional y que se celebraron con los rivales del mandatario presos o en el exilio.
Estados Unidos y la Unión Europea han sancionado al gobierno de Nicaragua por sus medidas contra los opositores, muchos de los cuales fueron detenidos, se vieron obligados a exiliarse o despojados de su nacionalidad. Además, Managua ha prohibido más de 5.300 organizaciones.
