Un psiquiatra de apellidos Mora Ávila, vinculado a la venta de incapacidades laborales en el Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas, quedó en libertad este jueves luego de una serie de allanamientos que culminaron con su detención el día anterior. La noticia fue confirmada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), que lidera la investigación sobre este caso de presunta corrupción.
Detalles de la detención y el proceso judicial
El profesional de la salud está siendo investigado por ofrecer y vender incapacidades a empleados del Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial. Según las autoridades, el psiquiatra cobraba hasta 400.000 colones por emitir los certificados de incapacidad, lo que generó una alerta en los organismos de control.
La detención del médico se realizó el miércoles, pero el jueves, tras la audiencia, un juez le fijó una medida cautelar: no acercarse a los testigos del caso durante seis meses. Esto sugiere que la investigación aún está en curso y se está protegiendo la integridad de los involucrados en el proceso judicial.
Incapacidades laborales fraudulentas
Las autoridades han señalado que alrededor de 25 personas, entre ellas funcionarios públicos, están involucradas en este esquema de falsificación de incapacidades. Aunque aún se investiga la profundidad de la red de corrupción, se sabe que las incapacidades emitidas por Mora Ávila eran presuntamente fraudulentas y podrían haber afectado el desarrollo de las labores en instituciones públicas clave.
Otras personas bajo investigación
Además del psiquiatra, el caso involucra a otros dos funcionarios del hospital: un emergenciólogo de apellidos Solís y un encargado de agendar citas. La Fiscalía está llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar el alcance de la red y si existen más personas involucradas en este delito.
Este caso ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades en el sistema de salud pública, y la Fiscalía continuará recopilando pruebas para esclarecer la magnitud de las irregularidades cometidas por los implicados.
