Eran las 7 p.m. y un hijo ingresó junto con un notario público a una habitación del hospital Raúl Blanco Cervantes, donde estaba internando su padre. A pesar de la enfermedad del señor y de su incapacidad para tomar decisiones, estamparon su huella en unos documentos. Aquella escena fue vista por funcionarios del centro médico, quienes interpusieron la denuncia.
Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) decomisaron el libro de actas y determinaron que el adulto mayor internado y su esposa eran presidentes de una sociedad anónima. El objetivo de los hijos era sustituirlo en sus funciones, sin su consentimiento.
En otro caso, un padre de familia decidió donar su casa a sus hijos, reservándose eso sí el usufructo del inmueble hasta su muerte. Luego de firmar la escritura comenzaron los problemas, los hijos dispusieron del inmueble y sometieron a su padre al punto de relegarlo a una habitación.
Estos no son casos ficticios. Son reales y han sido atendidos por Tribunales de Familia como situaciones de violencia patrimonial en contra de una persona adulta mayor.
Este es un tipo de violencia que se ha vuelto más común en la sociedad y tiene distintas manifestaciones: desde familiares que ejercen presiones para ser beneficiarios de herencias, hasta despojos de dinero y propiedades, uso de documentos para hacer transacciones no consentidas, administración irregular de pensiones o sustitución de cargos en sociedades anónimas.
Este fue el tema central del cuarto taller sobre violencia familiar, que impartió el Programa de Atención Integral de la Persona Adulta Mayor (PAIPAM) del Centro de Estudios Generales, a un grupo de 29 adultos mayores y que se denominó Una vida sana sin violencia.
La charla fue impartida por Ovelio Rodríguez, abogado litigante y miembro de la comisión de la Contraloría de Servicios del Poder Judicial y Katherine Madrigal, de la Contraloría de Servicios de la Delegación Regional de los Tribunales de Justicia de Heredia.
“Parte de los esfuerzos institucionales que tiene el Programa es empoderar a las personas adultas mayores con respecto a sus derechos, que conozcan los marcos legales vigentes y las situaciones en las que podrían ser víctimas de algún tipo de abuso y sepan cómo reaccionar, incluso de manera preventiva”, indicó Ana Monge, coordinadora del PAIPAM.
En ese contexto, Monge recalcó la importancia de que las personas conozcan los alcances de la Ley No. 7.935 Ley Integral de la Persona Adulta Mayor o del nuevo Código Procesal de Familia, que entró a regir desde el pasado 1º de octubre.
El Programa lo conforman más de 300 personas mayores de 65 años, quienes reciben talleres sobre diversos temas en el edificio del Centro de Estudios Generales del Campus Omar Dengo. Cualquier persona puede ser parte del PAIPAM y para obtener más información puede llamar al 2277-3816 de lunes a viernes de 8 a.m. a 12 p.m. o visitar el perfil de Facebook (Programa de Atención Integral de la Persona Adulta Mayor, UNA).
Conciencia individual
El taller arrancó con una dinámica donde los participantes recibían una boleta que describía situaciones específicas de violencia. Luego, uno a uno, se dirigía a la pizarra al frente del salón y clasificaba aquella conducta, según se tratara de una violencia física, sexual, psicológica o patrimonial.
En la gran mayoría de casos, acertaron la clasificación. Aquella actividad dio pie para que el abogado Ovelio Rodríguez diera apertura a la charla sobre la violencia patrimonial.
Uno de los aspectos centrales fue la aclaración del concepto de indignidad y de ingratitud, los cuales se dan cuando un tribunal da por sentado que un donatario comete una ofensa contra la persona que decide donar y que afecte su honra.
Situaciones como el abandono, trato inhumano, falta de auxilio o acompañamiento en contextos de enfermedad o discapacidad, abuso de poder o engaño, pueden ser motivo de declaración de ingratitud y su inhabilitación para acceder al derecho a una donación.
Al respecto, el especialista sugirió tomar algunas acciones preventivas para proteger el patrimonio por el que la persona ha luchado durante años. Uno de ellos es el del derecho al usufructo sobre sus bienes, incluso en casos de donación, norma tutelada en el Código Civil, según la cual el donatario no podrá vender ni se podrán embargar bienes por deudas.
Otra recomendación es que el titular del patrimonio adquiera, ante el Registro Nacional, por un costo de $15, una Alerta Registral. Se trata de un aviso que llega al correo electrónico registrado por la persona, para informar sobre operaciones no autorizadas como traspasos de bienes y propiedades, inscripción de gravámenes o constitución de hipotecas no autorizadas.
En medio de un intercambio de preguntas y respuestas, Rodríguez recomendó, además, no otorgar poderes salvo casos estrictamente necesarios, que la persona adulta mayor escoja al notario de su confianza para la gestión de trámites, que lea con detenimiento todos los documentos antes de firmarlos y que conserve siempre una copia.
Vilma Masís fue una de las asistentes al taller que más participó. Es parte del PAIPAM, pero también representante de este programa ante la Municipalidad de Heredia. Para ella, el tratamiento de estos temas es fundamental en vista de que, desde su perspectiva, la problemática del adulto mayor “se ha escapado de las manos” de la sociedad.
“De todo este entrelace de leyes y cosas que han ocurrido, ha predominado el desconocimiento entre la mayoría de adultos mayores. Ahora, se le está dando visibilidad por medio de talleres como este y es una visión que ha mantenido la UNA con el PAIPAM. De igual manera, invito a las personas que tengan alguna duda acudir a la Contraloría de Servicios de la Corte, donde están para ayudarnos”, manifestó Masís.
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UNA
