La Corte Suprema de Justicia llamó este martes al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a que dé una declaración por escrito como parte del proceso que sigue el máximo tribunal contra seis congresistas involucrados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La petición la hizo el magistrado Misael Rodríguez Castellanos, de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, quien ha indagado la actuación de los congresistas que hacen parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) en el caso de corrupción de la estatal UNGRD.
La notificación señala que, como parte de la investigación “se ordenó recibir declaración al presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego, mediante certificación jurada” por medio de un cuestionario.
La Corte llamó a indagatoria a los congresistas Esther Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Manrique, miembros de la CICP, así como al excongresista Juan Diego Muñoz.
Manrique y Manzur renunciaron a esa comisión, que no pudo sesionar el lunes 2 de noviembre por falta de quórum, lo que pone en aprietos al Gobierno de Petro, que busca la autorización en el Congreso para pedir créditos internacionales en un momento de dificultades con el presupuesto.
El escándalo por el robo de dinero público de la UNGRD, el mayor entramado de corrupción en la actual Administración, ha salpicado a cerca de una decena de políticos que supuestamente se beneficiaron de contratos para apoyar al Gobierno en las votaciones.
Pagos de millonarias coimas
El exdirector de la UNGRD Olmedo López, principal implicado en la trama corrupta, ha acusado al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, de direccionar contratos a seis congresistas a cambio de votos en el Congreso para aprobar iniciativas impulsadas en el Congreso por Petro.
Bonilla, según la Fiscalía, fue determinante, en coordinación con Olmedo López, para la adjudicación de tres contratos por 92.000 millones de pesos (unos 20,7 millones de dólares).
La Corte Suprema de Justicia también abrió una investigación contra los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle por este caso.
El senador Name, de la Alianza Verde, y el representante Calle, del Partido Liberal, fueron acusados de los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.
El exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, reveló en mayo pasado que el dinero de la UNGRD fue usado en 2023 para pagar millonarias coimas a Name y Calle.
