El gobierno de El Salvador espera capturar a 8.000 pandilleros que siguen libres y “relajar” el régimen de excepción que sustenta la “guerra” contra las bandas criminales armadas, dijeron este martes funcionarios.
“Es un aproximado de 8.000 miembros (de pandillas) que tenemos pendientes de capturar”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, durante un encuentro con corresponsales de medios extranjeros, en el que también participaron el fiscal general, Rodolfo Delgado, y el ministro de la Defensa, René Francis Merino.
En respuesta a una escalada de homicidios, el presidente Nayib Bukele declaró en marzo de 2022 una “guerra” a las pandillas, que deja a la fecha más de 83.000 detenidos.
La mayoría de los pandilleros en libertad tienen la categoría de “homeboy” (miembros que no renuncian a sus bandas), por lo que las autoridades realizan un “barrido” a nivel nacional y coordinan acciones con países vecinos, México y Estados Unidos para ubicarlos y detenerlos, indicó Villatoro.
Según Villatoro, el país registraba inicialmente 76.600 pandilleros, pero desde que se inició la “guerra” la cifra se sobrepasó y a la fecha hay más de 83.000 detenidos.
Las pandillas funcionaban como un “Estado paralelo”, operaban en el 90% del territorio y recaudaban unos 2.000 millones de dólares al año mediante extorsiones y otras acciones, explicó Villatoro.
La violencia de esas bandas en las últimas tres décadas dejó unos 125.000 muertos, según cifras oficiales.
El domingo, el presidente Bukele anunció que pronto podría “relajar” las medidas de seguridad, que incluyen patrullaje militar en las calles y arrestos sin orden judicial.
En ese sentido, Villatoro dijo que las autoridades “analizan” la forma de relajar el régimen de excepción, de modo que queden “únicamente” las herramientas que las instituciones necesitan para proseguir su lucha.
El fiscal Delgado confirmó que ya fueron procesados más de 80.000 sospechosos, de los cuales 74.000 tienen “detención provisional” y más de 8.000 tienen “medidas cautelares” que les permiten encarar los procesos en libertad.
Bukele destacó que El Salvador pasó de ser el país sin guerra más violento del mundo, con tasa de 105 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015, a ser uno de los “más seguros”. En 2024 suma 103 homicidios y el gobierno proyecta cerrar el año con 1,8 homicidios por 100.000 habitantes.
Sin embargo, Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) y otras oenegés locales denuncian “detenciones indiscriminadas” y más de 300 muertes bajo custodia estatal con el régimen de excepción.
Delgado aclaró que una “unidad especializada investiga todo tipo de muertes en los penales” y aseguró que si hay “mano criminal” de los mismos internos o funcionarios se dará a conocer.
