El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha generado polémica tras calificar de “tontería” la ley que prohíbe la minería metálica desde 2017, y ha pedido confianza en su Gobierno para gestionar una posible derogación de esta normativa. Sus declaraciones, junto con la mención de la existencia de valiosos recursos minerales en el país, han abierto un debate sobre los riesgos y beneficios de retomar esta actividad.
Argumentos del presidente a favor de la minería
Bukele asegura que El Salvador cuenta con importantes yacimientos de metales, no solo de oro, sino también de elementos estratégicos como cobalto, litio y tierras raras, esenciales para la tecnología avanzada. Según el mandatario, estos recursos podrían explotarse de forma “responsable” y sin dañar el medio ambiente.
“Lo vamos a hacer bien, no solo cuidando el medio ambiente, sino mejorándolo”, afirmó Bukele, quien también mencionó que otros países, como Canadá e Israel, manejan la minería de manera sostenible. Además, pidió a la población confiar en las capacidades de su administración para implementar las reformas necesarias y aseguró que cualquier error sería sancionado en las urnas.
La oposición de la Iglesia y las organizaciones ambientales
El principal opositor a la postura de Bukele ha sido el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, quien advirtió que la minería metálica podría tener consecuencias devastadoras para la salud y la vida de los salvadoreños.
“Eliminar la prohibición pondría en riesgo a gran parte de la población”, aseguró Escobar, quien instó a las autoridades a reconsiderar su postura y priorizar la protección del medio ambiente.
Por su parte, diversas organizaciones ambientalistas han señalado que retomar la minería metálica podría contaminar el río Lempa, el principal afluente del país, que abastece de agua potable a más del 50% de los salvadoreños.
Un contexto de prohibición desde 2017
El Congreso salvadoreño prohibió la minería metálica hace siete años, argumentando que sus efectos contaminantes afectarían de manera irreversible el bienestar de la población. La ley, considerada un hito en la región, fue aprobada tras intensos debates y movilizaciones sociales que buscaban evitar daños ecológicos y humanos.
Ahora, con la posibilidad de que Nuevas Ideas, el partido oficialista, derogue esta ley, el tema vuelve a ser un punto de controversia en el país.
