“Ayúdenos, por favor, los medios internacionales son nuestra única esperanza”, me dice con la cara llena de lágrimas y la voz quebrantada Coralia García, una señora de 58 años.
“Tienen que informar sobre las injusticias que están pasando aquí, porque en Venezuela ya no hay medios ni hay justicia”, añade.
García tiene dos días acudiendo a las afueras de Zona 7, un centro preventivo de reclusión de la Policía Nacional Bolivariana.
Viene a brindarle compañía y apoyo moral a su amiga, Jenny Merentes, cuya hija es una de las más de 1.200 personas que han sido detenidas en las protestas que estallaron en varias zonas del país tras el anuncio del Consejo Nacional Electoral que dio como ganador de la elección presidencial a Nicolás Maduro, con el 51% de los votos.
Merentes, quien vive en Carpintero, un barrio popular en Petare, en el este de Caracas, me cuenta al borde de las lágrimas que su hija, Wendy Milanés, fue detenida injustamente.
“Ella trabaja en una panadería y al salir agarró un mototaxi para irse a cuidar a su hijo en la casa. Cuando pasaba por Chacao la policía los paró y se la llevaron a ella y al pobre mototaxista”, le dice a BBC Mundo.
“Ella no ha participado en manifestaciones ni mucho menos en guarimbas (protestas)”, prosigue.
“Su jefe me dijo que hay videos que muestran que estaba trabajando, ¡incluso llevaba el uniforme de la panadería cuando la arrestaron! No me han dejado pasarle ropa y no sé si le darán la comida que le mando”, añade y deja salir el llanto que con dificultad estaba tratando de contener.
Merentes cuenta que a su hija, de 31 años, la detuvieron el lunes y pasó por dos centros de detención en Caracas antes de que la enviaran a Zona 7.
Sólo pide que se le haga un proceso justo en el que puedan mostrar los videos en la panadería que comprueban que no estaba en ninguna “guarimba”.
“Arrestaron a mucha gente inocente”
Este miércoles, el mandatario Nicolás Maduro tildó a las personas que han sido detenidas de criminales y terroristas.
Asimismo señaló, sin presentar evidencia, que los detenidos habían sido entrenados en Perú, Chile, Texas (Estados Unidos) y Colombia para “atacar” y “quemar” en Venezuela.
En las afueras del centro de detención el ambiente es fúnebre, las caras son largas y muchos tienen los ojos hinchados de tanto llorar.
“Arrestaron a mucha gente inocente. La mayoría son muy jóvenes, de 16 o 18 años”, dice una señora de la tercera desde una colchoneta, en la que ha dormido desde el domingo esperando tener alguna información sobre su nieto.
Algunos están allí desde la misma noche de la elección, cuando sus familiares fueron detenidos; otros llegaron tras las protestas del lunes y el martes.
Unas pocas familias se han traído colchonetas y almohadas para tomar siestas durante el día, pero les cuesta dormir.
Muy pocos han logrado obtener información sobre sus familiares detenidos. Algunas madres temen que sus hijos estén siendo torturados.
La gran mayoría proviene de zonas humildes de la capital venezolana, que son las que han liderado las protestas en contra de lo que consideran que fue un fraude electoral.
Pese a la angustia y la difícil situación de todos los presentes, hay mucha solidaridad.
Comparten el agua, el café que traen en termos, mordiscos de sándwiches que preparan en sus casas y, sobre todo, historias.
Todos manejan exactamente la misma información, porque la poca que se cuela corre como la pólvora.
Me contaron que entre los detenidos hay un señor de la tercera edad, un joven que sufre de ataques de epilepsia, y que ya le han dado varios episodios, e incluso una mujer embarazada que presuntamente fue maltratada.
Toda esta información es imposible de confirmar desde las afueras de la prisión.
“Salieron a comprar un refresco y se los llevaron presos”
Algunos dicen que no tienen ánimos ni fuerzas para hablarle a la prensa, otros prefieren no revelar su identidad.
“Si estuviéramos en un país libre te daría declaraciones, pero con estos desgraciados uno nunca sabe. Quizá lo que digamos lo utilicen en nuestra contra”, suelta una abuela de unos 70 años, antes de mostrarme una foto de su “niña” a quien espera volver a ver sana y salva.
Pero Carlos Eduardo asegura que perdió el miedo.
“Yo estoy aquí desde el martes en la noche. Estuvimos todo el lunes buscando a mi niño en el Barrio Unión de Petare donde vivimos, y donde ni siquiera hubo disturbios. Mi hijo de 22 años desapareció después de que un grupo de colectivos llegó disparando en las calles del barrio”, le dice a BBC Mundo.
“Él y el hermano de mi yerno, que apenas tiene 18 años, habían salido a comprar un refresco y se los llevaron presos”, añade.
“Ahora los están acusando de terroristas, ¿cómo pueden hacer eso sin pruebas?”.
Derechos fundamentales
Los colectivos son organizaciones creadas por Hugo Chávez que algunos en la oposición describen como paramilitares. El gobierno ha llegado a definirlos como “grupos civiles armados al margen de la ley”.
Suelen contar con armas, sus críticos dicen que gozan de impunidad y son completamente leales al gobierno.
José Bianchi, abogado experto en Ciencias Penales y Criminalísticas, quien está ayudando a algunas familias, dice que las autoridades están violando varios derechos fundamentales.
“Los están juzgando sin derecho a una defensa privada. Sólo dejan entrar al recinto a defensores públicos del Ministerio Público, que todos sabemos que hacen un trabajo político”, le dice a BBC Mundo
Asegura que a los jóvenes familiares de Carlos Eduardo “los capturaron como animales”.
“Los vecinos de Petare grabaron lo que estaba pasando. En los videos se ve cómo los jóvenes corren perseguidos por la policía que les disparaban como si estuvieran en un safari en África”.
Una señora que también vive en Petare corrobora la historia:
“Mucha gente pensaba que eran balas y había mucho miedo y caos, pero creo que eran perdigones. Al mismo tiempo, los colectivos pasaban por casas golpeando puertas y gritaban que el voto no era secreto y que sabían quiénes éramos los escuálidos”.
Incomunicados
José Ángel Foreros y Jaqueline Herrera, abogados de Foro Penal, una organización que defiende los derechos humanos, interpusieron un recurso de amparo constitucional ante la Justicia en defensa de las personas detenidas en las protestas.
Explicaron que se han violado las garantías expuestas en los artículos 44.2 y 49.1 de la Constitución venezolana en los procesos que se están llevando con estas personas detenidas.
Dichos artículos garantizan, entre otras cosas, el derecho que tiene todo detenido a comunicarse con sus familiares y representantes jurídicos o persona de su confianza, y estipula como “derechos inviolables” la defensa y la asistencia jurídica en todo estado y grado de la investigación y del proceso.
El Foro Penal, a cuyos representantes no les han permitido acceder al centro preventivo Zona 7, informó este jueves que 75 personas que estaban detenidas en el recinto han sido trasladadas a la Cárcel de Yare, en el estado Miranda.
“Estas personas quedaron privadas de libertad y engrosan el número de presos políticos”, aseguró el grupo en la red social X.
“Protestar pacíficamente es un derecho”
Diego Lara, un abogado especialista en derechos humanos, señala que tres jóvenes a quienes representa fueron arrestados el lunes por la Policía Nacional Bolivariana a las 2 de la tarde en la carretera vieja Caracas – La Guaira, otro barrio popular en el norte de la capital venezolana.
Detalla que regresaban de sus trabajos en la empresa Polar, una compañía de alimentos y bebidas, cuando los detuvieron sin motivo alguno.
“No estaban protestando, aunque eso tampoco justificaría un arresto, porque la protesta es un derecho legítimo de los venezolanos”, le dice a BBC Mundo.
Lara no ha tenido contacto con sus clientes, pese a que la ley les da ese derecho.
“Han detenido a muchas personas inocentes, son personas que no han mostrado ninguna conducta delincuencial y mucho menos terrorista”, añade.
Alfonso*, un estudiante de 20 años, es otro de los detenidos.
Su primo me cuenta que fue con él a una marcha opositora en Altamira, en el este de Caracas.
“Decidimos irnos a nuestras casas cuando la policía llegó a dispersar la concentración pacífica con bombas lacrimógenas. Luego cuando íbamos bajando por la autopista en nuestras motos llegaron funcionarios del DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar)”, le dice a BBC Mundo.
“Nos emboscaron. Yo no me paré y seguí de largo. A él lo agarraron y no sé que habrá pasado con su moto y sus pertenencias. No sabemos nada de él, sólo que está allí detenido. No nos permiten verlo”.
Desde que lo arrestaron el lunes, él va junto a los padres de Alfonso y sus dos hermanos y se quedan en las afueras del centro de detención hasta pasadas las 11 de la noche con la esperanza de verlo o de que lo liberen.
“Él no ha hecho nada para estar ahí. Protestar pacíficamente es un derecho de todos los venezolanos”, afirma su padre.
A la mama de Alfonso le angustia que le hayan pegado a su hijo, mientras que su hermana lamenta que en Venezuela se haya perdido el derecho a protestar pacíficamente.
*Su nombre ha sido modificado para proteger la identidad del detenido
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
