Los ojos del continente estaban puestos ayer sobre unas elecciones que fueron catalogadas como históricas en Venezuela y que terminaron con denuncias de fraude y con la reelección, por segunda ocasión, del presidente Nicolás Maduro.
El académico Carlos Murillo, de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (UNA), indicó que los ciudadanos venezolanos ejercieron el derecho al sufragio en libertad, pero no así al de elegir a la persona que querían que gobernara para los próximos seis años.
Sus afirmaciones se sustentan en el hecho de que, en sondeos previos, en los apoyos populares que se veían en fotos y en videos que circulaban, y en el criterio de observadores internacionales, se auguraba un triunfo contundente del candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia.
Sin embargo, luego de una espera inédita en el anuncio de resultados, el Consejo Superior Electoral (CSE) anunció el triunfo de Maduro (51,2%) frente a González (44,2%) al haberse escrutado el 60% de las mesas.
En esa espera es donde se habla de que se cometió el fraude. Para Murillo, cada elector pudo manifestar a través del voto su inclinación electoral. Dicho voto se imprime y se deposita en una urna que genera un acta preliminar de los sufragios y cuyo resultado se traslada luego al tribunal electoral. En ese proceso, la coalición opositora denunció desde anoche que no se les permitió a sus miembros ser parte de la fiscalización del conteo de resultados.
Luego, el Consejo emitió un acta oficial con los resultados de las mesas y es ahí donde se declaró el triunfo de Maduro. “El fraude no se produce ni en la emisión del voto ni en el conteo preliminar. Fue en ese periodo de incertidumbre y en la tardanza en la transmisión de resultados”, explicó Murillo.
Es en medio de esa etapa de incertidumbre, donde el presidente Nicolás Maduro hizo una denuncia pública sobre un presunto acto internacional de terrorismo contra el sistema informático electoral, el cual, de manera previa, había sido certificado como seguro, incluso por la propia oposición.
Ese grupo, aglutinado en figuras como el propio González y María Corina Machado, quien fue inhabilitada para postularse a la presidencia, alegó que tuvo acceso al 100% de las actas preliminares que les certificaba el triunfo, además el 40% de las actas definitivas y al contrastar ambos resultados es donde los números no coincidían.
Desde su óptica, el bloque opositor obtuvo al menos el 70% de los votos, mientras que el oficialismo, el restante 30%.
Papel de la oposición
Para Murillo, la oposición política hizo todo lo que legalmente le estaba permitido hacer en estas elecciones. Incluso, en comparación con el proceso del 2018, que también ganó Maduro, y que no fue reconocido por una amplia cantidad de países, para esta ocasión las divisiones a lo interno fueron superadas y se agruparon primero en la figura de María Corina Machado y luego de Edmundo González.
Ahora, se abre un nuevo escenario que implica un gran reto para el bloque opositor, de manera que se haga una revisión completa de los resultados.
Esta tarde, países como Costa Rica, Uruguay, Ecuador, Argentina, Guatemala, Panamá, Perú Paraguay y República Dominicana hicieron de manera conjunta este llamado en una sesión del Consejo Permanente de Organización de Estados Americanos (OEA).
A pesar de esto, Carlos Murillo ve pocas probabilidades de que la presión internacional pueda echar atrás la decisión del órgano electoral de dar por sentada la reelección de Maduro, que hoy día lleva 11 años en el poder. De acuerdo con Statista, se trata del segundo mandatario con más tiempo en la silla presidencial, en Latinoamérica, solo superado por Daniel Ortega en Nicaragua (22 años y 7 meses).
“Sí veo a Maduro seis años más en el poder (llegaría a 17 años en el 2030)”, manifiesta Murillo, y asegura que mientras las fuerzas militares no respondan a los objetivos democráticos, es difícil que la situación cambie.
Para el experto, la imposición de un narcoestado en Venezuela, con la injerencia del cartel de los Soles, dedicada al narcotráfico y a la trata de personas, y donde existen miembros del Gobierno y del ejército en la cúpula de este grupo, hacen que la idea de reconocer un triunfo opositor se convierta en algo innegociable.
Por un lado, se expondrían a que muchos de ellos puedan ser encarcelados y, por otro, es perder el acceso a un lucrativo negocio, en un país donde una tercera parte de la población ha tenido que migrar hacia otros países ante la falta de oportunidades económicas y a la persecución política.
De cara a lo que viene, además del debate que se abre sobre la legitimidad de estas elecciones, las condiciones de vida de la población que queda en Venezuela (alrededor de 13 millones), pueda empeorarse, en una nación que ya no cuenta con la venta de petróleo como su fuente de riqueza.
Esto puede generar un mayor flujo de olas de migrantes, lo que eleva el riesgo hacia los países de la región y de Estados Unidos, más aún ante el anuncio del cierre del paso del Darién, por parte del nuevo gobierno panameño.
Las próximas elecciones en Estados Unidos podrían generar alguna reacción ante el panorama que se vive; sin embargo, Murillo considera que se requiere, más allá de buenas voluntades, acciones concretas que garanticen la transparencia de los procesos electorales, empañados, en el caso de Venezuela, con la sombra de un nuevo fraude en las urnas.
Conozca los argumentos que sobre este tema ofreció Murillo en el enlace de Facebook de UNA Comunica: https://www.facebook.com/unacomunica.una/videos/1443310882988606
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UNA
