En un desarrollo crucial del caso Madre Patria, esta mañana se anunciaron las medidas cautelares que afectarán a los sospechosos implicados en la presunta estructura criminal desmantelada recientemente.
Según informaron las autoridades, un total de 20 sospechosos enfrentarán un año de prisión preventiva mientras se prepara el caso para su juicio. Este grupo está bajo escrutinio por su presunta participación en actividades ilícitas relacionadas con el caso en cuestión.
Además, dos individuos más fueron liberados bajo la condición de llevar tobilleras electrónicas, las cuales monitorearán sus movimientos durante el periodo de investigación.
Entre las medidas más destacadas, se encuentra la imposición de impedimento de salida del país y la obligación de firmar mensualmente para una mujer identificada como Fernández Bonilla, además de la inhabilitación para ejercer como notaria.
En el mismo contexto, cinco oficiales de Tránsito involucrados en el caso han sido suspendidos de sus funciones laborales por un año, con restricciones adicionales como la firma quincenal y la prohibición de cambiar de domicilio.
Por otro lado, Rosales Apu, quien se desempeñaba como Jefe del Departamento de Concesiones del Consejo de Transporte Público, ha sido suspendido de sus funciones como parte de las medidas cautelares adoptadas.
Finalmente, Aguilar Zúñiga y González Jiménez han sido liberados, pero se les ha ordenado el uso de dispositivos electrónicos para monitorear sus movimientos, garantizando así un seguimiento continuo de sus actividades.
