Diputada del PUSC Daniela Rojas.
La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Daniel Rojas, presentó el expediente 24.388, una reforma a la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, para incluir como causa para agravante penal, el uso de ácido o cualquier sustancia corrosiva, irritante, tóxica o inflamable, usada en ataques a mujeres.
Rojas detalla en las justificaciones del proyecto, que actualmente, la Ley no contempla de manera específica una agravante para los delitos cometidos mediante el uso de agentes corrosivos, irritantes, tóxicos, inflamables o ácidos.
“Esta omisión deja una brecha en la legislación que debe ser subsanada para garantizar una protección más robusta y efectiva para las mujeres”, afirmó.
Rojas agregó que incluir una agravante para estos delitos tiene un doble propósito: primero, servir como un disuasivo para potenciales agresores al establecer sanciones más severas; y segundo, proporcionar un sentido de justicia más pleno para las víctimas, reconociendo la gravedad del daño infligido y el sufrimiento adicional causado por el uso de tales sustancias.
“La violencia contra las mujeres es un problema estructural que requiere medidas legislativas específicas y contundentes. La inclusión de un agravante en el numeral 8 de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, para los casos en que el delito se perpetre mediante el uso de agentes o sustancias corrosivas, irritantes, tóxicas, inflamables o ácidas, es una respuesta necesaria. Esta medida fortalecerá la protección de las mujeres, disuadirá a los agresores y contribuirá a la construcción de una sociedad más justa y segura”, dice el proyecto de ley.
La diputada insistió que la violencia contra las mujeres es una de las manifestaciones más atroces de la desigualdad de género y constituye una violación grave de los derechos humanos.
“A pesar de los avances legislativos y sociales en la protección de las mujeres, persisten formas extremas de violencia que demandan una respuesta contundente del marco legal, y que actualmente no se contemplan. El uso de estas sustancias en actos de violencia resulta en lesiones severas, como quemaduras de tercer grado, ceguera, desfiguración permanente y, en muchos casos, discapacidades permanentes. Estas consecuencias exacerban el sufrimiento de las víctimas y tienen un impacto duradero en su calidad de vida”, finalizó Rojas.
El proyecto inicia su proceso de análisis en la corriente legislativa.
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Bharley Quiros