CRH.
Un total de 10 diputadas impulsan una reforma para permitir que instituciones públicas puedan hacer concursos de contratación exclusivos para mujeres.
Se trata del expediente 24.372, denominado: “Reforma a la Ley de la Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, para implementar medidas de acción afirmativa en el trámite de concursos públicos”.
El proyecto es suscrito por las diputadas: Alejandra Larios, Montserrat Ruiz, Dinorah Barquero, Paulina Ramírez y Rosaura Méndez, del Partido Liberación Nacional (PLN).
También lo firman las socialcristianas Melina Ajoy y Vanessa Castro.
Además, lo suscriben la frenteamplista Priscilla Vindas, Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y la independiente María Marta Padilla.
¿Qué propone?
La reforma de ley propone adicionar un artículo 4 a la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, para que diga lo siguiente:
Artículo 4 bis- Las instituciones públicas pertenecientes tanto al sector centralizado como descentralizado podrán, en condiciones debidamente justificadas, autorizar la apertura de concursos públicos dirigidos exclusivamente a oferentes mujeres, como parte de sus procesos de reclutamiento y selección de personal
Agrega la propuesta que para poder formalizar el concurso, la institución deberá fundamentar el acto con un “estudio técnico previo” que “determine la existencia de una brecha de género de relevancia en el acceso a la clase de puesto que corresponda”.
“El estudio técnico de los puestos deberá acreditar que en los últimos cinco años se ha mantenido, como mínimo, una relación de dos a uno en la cantidad de funcionarios interinos y en propiedad masculinos respecto de la cantidad de funcionarias interinas y en propiedad femeninas para una misma clase de puesto en la institución. El órgano encargado de la gestión del recurso humano de la institución será la instancia competente para emitir el estudio técnico”, explica el proyecto.
Agrega que una vez se alcance una proporción menor a la indicada para una misma clase de puesto, no podrán decretarse concursos públicos limitados en función del género, sino hasta que la relación vuelva a superar el parámetro indicado.
“En caso de que el concurso sea declarado desierto o infructuoso, el órgano competente podrá acordar su apertura nuevamente sin ninguna restricción en función del género”, dice el artículo propuesto.
Justificación
En las justificaciones del proyecto se menciona que en nuestro país, el artículo 33 de la Constitución Política establece el principio de igualdad como una garantía de un trato equitativo entre las personas.
Agregan que ese principio “exige al Estado velar porque las personas, de facto, alcancen una igualdad real en la sociedad”.
Señalan que si bien, en la historia reciente de nuestro país, se ha concedido un trato cada vez más equitativo ante la ley a las mujeres, esta igualdad formal no garantiza, en muchas ocasiones, la igualdad real de las personas.
“La dimensión material del principio de igualdad obliga a implementar acciones sustantivas de amplio alcance para promover un cambio real de circunstancias, con el fin de defender los derechos de las poblaciones vulnerables y eliminar el impacto negativo de las prácticas discriminatorias que perjudican la vida en sociedad”, agrega el texto del proyecto.
La diputada Larios, principal impulsora de la reforma, señala que esto es una “acción afirmativa”, en el escenario que a las mujeres les es más difícil participar y ganar los concursos de contratación.
“Esto porque tenemos otras labores a las que dedicar, como el cuido de los hijos, las personas adultas mayores, atender la casa, es decir, trabajamos, pero también tenemos que hacer todas esas labores”, explicó.
Larios recuerda que una vez que la proporción de puestos de hombres y mujeres en esa institución esté equilibrada, ya no habrá justificación para hacer el concurso.
Reconoce que es un tema que debe analizarse y tendrá fuerte discusión a lo interno de la Asamblea, pero que son estas iniciativas las que se necesitan para impulsar los cambios que son necesarios.
La también verdiblanca, Monserrat Ruiz, también insiste que la iniciativa busca reducir las brechas de género.
“Esta iniciativa permitirá abrir concursos dirigidos exclusivamente a mujeres, promoviendo así una igualdad real y efectiva en el ámbito laboral público. Con esta reforma, esperamos no solo garantizar un acceso equitativo a cargos públicos, sino también avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria, respetuosa de los derechos humanos y comprometida con la paridad de género”, agregó.
El proyecto agrega que la: “la acción afirmativa se perfila como una medida que pretende conceder un beneficio directo a una población vulnerable, con el objetivo de equiparar desigualdades y remediar situaciones sistemáticas de discriminación”.
La diputada del Frente Amplio (FA) Priscilla Vindas, quien también suscribe el proyecto, afirmó existe una brecha grosera en términos labores entre hombres y mujeres, por un tema de género.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para junio del 2023, en términos absolutos, la población en la fuerza de trabajo nacional fue de 2,31 millones de personas, de las cuales, 1,42 millones eran hombres y 890 mil eran mujeres.
Source
Bharley Quiros