En Congreso Internacional Magistrado Jorge Olaso expone situación actual de población adulta mayor en Costa Rica
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- Publicado: Viernes, 06 Agosto 2021 13:04
- Actividad fue organizada por el Poder Judicial de Perú.
El Magistrado de la Sala Segunda de la Corte y Coordinador de la Comisión de Acceso a la Justicia del Poder Judicial, Jorge Olaso Álvarez, participó en el Congreso Internacional de Acceso a la Justicia de Personas Adultas Mayores, actividad organizada por el Poder Judicial de Perú.
Dicho encuentro virtual se llevó a cabo el pasado 27 de julio y constituyó la oportunidad de exponer lo que el país mediante el Poder Judicial realiza en materia de la defensa de los derechos de esta población en condición de vulnerabilidad.
Durante su participación, el magistrado Olaso Álvarez se refirió a diferentes aspectos en torno a la situación actual de esta población en Costa Rica, destacando el número de personas pertenecientes a este grupo en el país, sus características demográficas, los diferentes enfoques para la protección de sus derechos y la normativa que garantiza su pleno goce.
Entre los datos más destacados, se mencionó que para el 2020, según datos del INEC, en Costa Rica vivían 626.297 personas de este grupo de la población, de los cuales un 56,8% son mujeres.
Además, dentro de sus características demográficas, es importante señalar que, si bien las nuevas generaciones de personas adultas mayores presentan una leve mejoría en los campos educativo y económico, se mantiene una brecha significativa entre la población rural y la población urbana.
Por otra parte, en lo que respecta a la adultez mayor y la interseccionalidad, el magistrado señaló que, según el Segundo Informe del Estado de la Situación de la Persona Adulta Mayor realizado en el 2020, la población afrodescendiente en Costa Rica es menos envejecida que la del resto del país, ya que apenas un 5% tiene 65 años o más.
También, se subraya que, en materia de poblaciones indígenas, el nivel de envejecimiento de este segmento de la población es mayor al promedio del país, con un porcentaje de 9 y 7 respectivamente, tomando en cuenta que existe una mayor proporción de personas adultas mayores que se autodenomina indígena, pero que vive fuera de sus territorios.
En el caso de la población migrante, la comunidad extranjera nicaragüense es la más representativa, abarcando un 7% de la población nacional, de los cuales un 4% tiene 65 años o más.
Otro tema desarrollado por el Magistrado Olaso fue el enfoque de los derechos de las personas adultas mayores, enfatizando en el concepto de los Derechos Humanos y el Derecho Gerontológico, el cual promueve el empoderamiento de las personas mayores como sujetos de derecho con garantías y responsabilidades, con sus enfoques de planificación de la fase final de la vida, de derecho y economía, el jurisprudencial terapéutico y el enfoque feminista de la ética del cuidado.
“En este concepto, el Derecho Internacional es el marco conceptual aceptado, ya que es capaz de obtener un sistema coherente de principios y reglas que guíen la doctrina y la jurisprudencia, así como las políticas públicas”, destacó el magistrado.
Además, se refirió a la normativa que vela por el cumplimiento del respeto de los derechos de esta población, destacando la normativa nacional como la Constitución Política, la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor y su Reglamento, el Código de Trabajo, la Ley de Fortalecimiento de del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), la jurisprudencia constitucional y la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021, así como los instrumentos internacionales ratificados por el país como lo son la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, CEDAW, Belem Do Pará, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las Reglas de Brasilia para el Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y la jurisprudencia de la CIDH.
En sus conclusiones, el Coordinador de la Comisión de Acceso a la Justicia resaltó el compromiso del Estado costarricense de proteger a las personas mayores y garantizar sus derechos, gracias a la protección especial tanto nacional e internacional que les asiste, además de destacar la importancia de las Reglas de Brasilia para establecer parámetros de acceso a la justicia al calificar a los adultos mayores como personas en condición de vulnerabilidad.
La actividad se desarrolló de manera virtual.
