Poder Judicial de Costa Rica

Presupuesto Judicial 2022 se apega a Regla Fiscal y lineamientos de Hacienda

  • Monto presupuestado es de 469.364 millones.
  • Presupuesto aprobado por Corte Plena para 2022 disminuyó un 0,06% en comparación con el plan de gastos aprobado por la Corte Plena inicialmente para el 2021.
  • En el proceso de aprobación del Presupuesto 2021, el Poder Judicial cedió más de 11.622 millones al Poder Ejecutivo.

 Las autoridades judiciales expusieron el presupuesto del Poder Judicial para el 2022 ante la Comisión Ordinaria de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, monto que alcanza un total de ₡469.364.168.719, excluyendo los ₡1.214.831.281 correspondientes a los recursos propios del Fondo de Jubilaciones.

 En la audiencia, convocada de manera virtual, se contó con la exposición del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Fernando Cruz Castro y la Vicepresidenta, magistrada Patricia Solano Castro.

 En su intervención el magistrado Cruz Castro detalló: “…el presupuesto está muy ajustado a la situación fiscal del país, dentro de los parámetros que fijó Hacienda y las limitaciones de la Regla Fiscal, con la aplicación de 139 directrices internas de contención del gasto.  Con ello, el plan de gasto representa un 4%  del total del presupuesto nacional. Cumplimos con los mínimos y quedan muchas necesidades aún por llenar, pero debemos tener una visión realista de la situación del país”. 

 Por su parte la Vicepresidenta  de la Corte, Patricia Solano Castro, señaló el esfuerzo judicial para dotar recursos en el 2022, para la implementación de la Ley de la Jurisdicción Especializada de Crimen Organizado con la inclusión de ₡500 millones para dotar de planta física estos tribunales. 

 “Lo que requeriríamos es un presupuesto adicional de 2900 millones, consensuado con los Supremos Poderes, que se destinaría para instalar el recurso humano en la Judicatura, Ministerio Público y OIJ y poner en marcha esta jurisdicción especializada. Recalcamos que nosotros seguimos investigando crimen organizado, con los recursos que tenemos”, manifestó Solano Castro.

 El presupuesto del Poder Judicial para el año 2022, cumple a cabalidad los lineamientos de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Pública y las especificidades de la Regla Fiscal en temas como dedicación exclusiva, prohibición, evaluación de desempeño, la creación de nuevas competencias por reserva de ley, los topes salariales, el pago del IVA y la nominalización de los componentes salariales.

 En el tema de crecimiento presupuestario, alineado a la Regla Fiscal, se cumple con la disposición establecida por el Ministerio de Hacienda.

 Por disposiciones hacendarias, se incluye dentro del límite de crecimiento, lo correspondiente al financiamiento del gasto de los ingresos por: Impuestos a Personas Jurídicas, Honorarios Oficina Defensa Civil, Plataforma Información Policial, Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones y Ministerio Público.

 La propuesta procura darle sostenibilidad al funcionamiento de las 894 oficinas judiciales que atienden en todo el país en el ámbito de la judicatura, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público, la Defensa Pública y la administración, así como mantener más de  169 tipos de servicios judiciales que se brindan.

 También se estableció como prioridad la inversión tecnológica para mantener la plataforma y continuidad de los servicios tecnológicos, lo que ha permitido en el 2021 más de 27 millones de consultas a expedientes digitales por parte de las personas usuarias y la presentación en línea de más de 1.6 millones de escritos ante instancias judiciales, entre otros.

 Para continuar con la atención de la pandemia por el COVID-19, para el 2022 se refuerza en aproximadamente ₡270 millones las subpartidas afines a la adquisición de productos farmacéuticos y medicinales, útiles y materiales de limpieza y de resguardo y seguridad, para la protección de las personas usuarias y la población judicial.

 En cuanto a plazas nuevas, el Ministerio de Hacienda autorizó la inclusión en el proceso de aprobación las correspondientes al OIJ para la administración del incinerador de drogas, así como las requeridas para la Defensa Pública y así extender el servicio en pensiones alimentarias y en atención de asuntos indígenas en las zonas de Turrialba y Buenos Aires.   

 Leyes   especiales demandan presupuesto adicional. Las nuevas obligaciones legales aprobadas por la Asamblea Legislativa y necesidades en Pensiones Alimentarias le demandan recursos adicionales al Poder Judicial para el 2022, por el orden de los ₡22.738 millones, indispensables para su aplicación en:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comparecencia de los jerarcas judiciales contó con el acompañamiento del equipo técnico institucional integrado por Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva; Nacira Valverde Bermúdez, Directora de  Planificación; Roxana Arrieta Meléndez, Directora de Gestión Humana; Irving Vargas Rodríguez, Director a.i del  Despacho de  la Presidencia;  así como los jerarcas de los órganos judiciales, Walter Espinoza Espinoza, Director del  Organismo de Investigación Judicial; Warner Molina Ruiz, Ministerio Público; Juan Carlos Pérez Murillo, Defensa Pública. También intervino Arnoldo Hernández Solano, quien preside la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

 

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