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Marta Eugenia Esquivel, la nueva ministra de Planificación y expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) afronta un total de 10 causas penales por supuestos actos de corrupción, tal como reveló crhoy.com en setiembre pasado.
Estos corresponden al reciente proceso penal por supuesta corrupción y tráfico de influencias por sobreprecios en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para que varias cooperativas sigan con la administración de centros médicos, denominado caso Barrenador, así como 9 expedientes más aparte en los que se indagan otras posibles anomalías.
Hasta ahora, los expedientes eran tramitados por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), despacho del Ministerio Público que se encarga de investigar y perseguir actos irregulares en la función pública.
No obstante, el mandatario Rodrigo Chaves Robles anunció el miércoles el nombramiento de Esquivel como nueva ministra de Planificación, lo que le otorga inmunidad al convertirse en miembro de un Supremo Poder de la República.
Por esa razón, las causas penales en curso contra Esquivel pasarán a la Fiscalía General y ya no estarán en manos de la Fiscalía Anticorrupción. Ante la consulta de este medio, la Oficina de Prensa del Ministerio Público confirmó que realizarán el traslado de los expedientes, indicaron:
El despacho indicó que, en cumplimiento al Código Procesal Penal, Ley Orgánica del Ministerio Público y Constitución Política, se procederá próximamente según corresponda.
Al ser nombrada como parte del gabinete de Chaves, la expresidenta de la CCSS ya no puede ser juzgada como una ciudadana normal con un proceso penal ordinario, sino que sus casos los debe tramitar la Fiscalía General.
Además, el antejuicio, las medidas cautelares y cualquier autorización para avanzar con los casos ya no serán aprobados por un juez, sino que magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia actuarán como un juzgado y un tribunal.
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Proceso en riesgo
Fuentes judiciales confirmaron a CR Hoy que este movimiento del Gobierno de Rodrigo Chaves genera tropiezos en las causas penales, principalmente en el caso Barrenador cuyo trámite estaba muy avanzado y se esperaba que para este mismo año se hiciera la petición de elevar a juicio.
Aunque el adquirir la inmunidad no eximirá a Marta Eugenia de su posible responsabilidad legal por las presuntas anomalías y de una sentencia, lo cierto es que someter el expediente penal al nuevo proceso lo hace más complejo, porque para llevarla a juicio se necesitaría que el Congreso levante la inmunidad.
Además, cabe la posibilidad de que la defensa de Esquivel presente una recusación contra el fiscal general, Carlo Díaz, a quien ha señalado e incluso intentó condenar por supuestos abusos de autoridad, desmentidos por la Sala Constitucional.
Díaz ahora estará a cargo del proceso de investigación. Una recusación es cuando, en un proceso judicial, una parte se opone a la intervención de un funcionario ante una posible parcialidad u otra causal para que deba apartarse.
El fiscal general ha sido un objetivo de ataques personales por parte del mandatario Chaves y sus figuras cercanas, por lo cual algunas autoridades judiciales prevén que la defensa de Marta Eugenia podría apostar por intentar hacerlo a un lado.
Esto dejaría en el limbo legal al caso Barrenador y los demás expedientes contra la expresidenta de la CCSS, según explicaron miembros del Ministerio Público consultados.
Esto debido a que en la Ley Orgánica del Ministerio Público (N.° 7442) no está previsto quién debe asumir una causa penal en un procedimiento especial contra un miembro de los Supremos Poderes, en caso de la recusación del fiscal general.
Debido a la antigüedad de esa ley, no tiene disposiciones importantes como este escenario.
Aunque la legislación señala que existe un fiscal subrogante el cual es un segundo al mando, también indica que este funcionario asume la cabeza del Ministerio Público en caso de las ausencias temporales o definitivas como incapacidades o viajes, pero no está contemplado quién sustituye al fiscal general en una causa contra ministros o diputados, ante una recusación o inhibitoria.
Esto va a generar toda una discusión legal, que puede incluir apelaciones para ver cómo se resuelve el embrollo legal, y eventualmente hasta existe riesgo de un vicio que se traiga abajo la investigación.
OIJ vuelve a pedir que nos eliminen el impedimento de investigar miembros de Supremos Poderes. La responsabilidad no puede recaer solo en el Fiscal General. Ya lo hablé con don Carlo. Es mejor crear una Fiscalía Especializada en el tema y que OIJ pueda investigar con inmediatez.
— DirectorOIJ (@DirectorOIJ) January 9, 2025
Impedimento para investigar
La ley actual solo permite que sea el fiscal general quien conduzca la investigación contra miembros de los Supremos Poderes. Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), sugirió trasladar esta responsabilidad y crear un despacho especializado para estos temas.
“OIJ vuelve a pedir que nos eliminen el impedimento de investigar miembros de Supremos Poderes, la responsabilidad no puede recaer solo en el fiscal general. Ya lo hablé con don Carlo, es mejor crear una Fiscalía Especializada en el tema y que el OIJ pueda investigar con inmediatez”, señaló a través de perfil en la red social X.
Marvin Carvajal, abogado constitucionalista, exletrado de la Sala Constitucional y exdirector de la Escuela Judicial, explicó cómo es que el Gobierno provocó un obstáculo en la investigación contra Marta Eugenia Esquivel, al conferirle inmunidad de ministro.
Mientras la persona se encuentre ejerciendo el cargo no se podrán dar determinados pasos, determinados elementos de un proceso penal, salvo que esta inmunidad sea levantada.
Entonces no significa que una persona vaya a quedar impune necesariamente, pero sí dificulta el procedimiento.
Si a una persona se le inicia una investigación no teniendo ese fuero de protección y luego se le da ese fuero de protección, entonces entenderíamos que esta persona que podía ser juzgada o investigada por cualquier departamento u oficina del Ministerio Público, como una fiscalía especializada o territorial, ahora solamente va a poder ser investigada por el fiscal general de la República.
La verificación de garantías procesales tampoco estaría a cargo de un juzgado penal, sino que va a estar a cargo de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y según el especialista, todo el trámite vuelve mucho más engorroso y complejo.
Carvajal reiteró que si a esta persona se le fuera a acusar la acusación requeriría antes de una elevatoria a juicio del levantamiento de esa inmunidad, ya sea por renuncia o por un levantamiento aprobado por la Asamblea Legislativa. Por eso cuestionó el actuar de Chaves y Esquivel.
Sin duda alguna suena muy mala práctica, muy cuestionable que una persona investigada se le nombre en un cargo, puesto que esto de una u otra forma obstaculiza la buena marcha del proceso penal, porque a partir de ese momento de un proceso mucho más complejo mucho más engorroso y que pues sí puede evitar un juicio rápido y adecuado, ralentizar la acción de la justicia y por lo tanto pues podría tener una una consecuencia ilegítima.
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Source
José Adelio Murillo
