La ciudad de Washington presentó el jueves una demanda contra el presidente Donald Trump y su gobierno por el despliegue de fuerzas federales en la capital estadounidense.
Esa medida, que según ha admitido la propia alcaldesa de la ciudad ha permitido un descenso de la criminalidad, es descrita sin embargo como una “ocupación militar forzada que excede con creces las atribuciones del presidente”.
A mediados de agosto, Trump impuso el envío de tropas federales a Washington para “limpiar” la capital estadounidense, que según él está “gangrenada por bandas violentas”.
El presidente republicano amenaza con hacer lo mismo en otras grandes ciudades del país, todas gobernadas por demócratas: Chicago, Nueva York, Baltimore y, más recientemente, Nueva Orleans.
El fiscal de Washington, Brian Schwalb, acusa en particular al gobierno, de “utilizar ilegalmente al ejército para misiones de mantenimiento del orden”.
El martes, un juez federal en California consideró ilegal que Trump enviara militares a Los Ángeles durante las protestas contra su represiva política migratoria.
“El despliegue de la Guardia Nacional para participar en el mantenimiento del orden no solo es innecesario e indeseable, sino también peligroso y perjudicial”, sostiene Schwalb en un comunicado.
“Ninguna ciudad estadounidense debería ver al ejército de Estados Unidos patrullar sus calles. Hoy es Washington, pero mañana podría ser cualquier otra ciudad”, advierte.
“Interponemos una acción judicial para poner fin a este abuso de poder federal”, añade.
La demanda apunta específicamente contra Trump, sus secretarios de Defensa, Pete Hegseth, y de Justicia, Pam Bondi, así como al Pentágono.
El despliegue de militares para luchar contra el crimen organizado es habitual en varios países latinoamericanos.
En Francia, el gobierno tiene la facultad y recurre habitualmente a soldados para patrullar las calles de la capital, París, como parte de las medidas de prevención del terrorismo.
En Estados Unidos, la estricta delimitación de poderes entre el gobierno federal y los estados hace la cuestión más compleja.
Washington no es un estado, sino un distrito con una autonomía limitada, ya que el Congreso tiene competencia sobre sus asuntos.
Una primera demanda presentada a mediados de agosto contra el gobierno federal por Schwalb culminó pocas horas después en un acuerdo entre la ciudad y la administración Trump sobre el control directo de la policía.
